CPM cree que se da prioridad a intereses privados antes que a los melillenses

Coalición por Melilla (CPM) ha acusado hoy al Gobierno del PP de "permitir un monopolio encubierto" con la compra de[…]

Coalición por Melilla (CPM) ha acusado hoy al Gobierno del PP de "permitir un monopolio encubierto" con la compra de Trasmediterránea por la Naviera Armas, y ha considerado que con esta operación se está dando prioridad a los intereses privados antes que a los de los melillenses.

En rueda de prensa, el diputado de CPM Rachid Bussian se ha referido así a las condiciones establecidas por la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) para la compra de Trasmediterránea por parte de la Naviera Armas, según las cuales esta última tendrá que abandonar la línea Melilla-Motril y dejarla en manos de la compañía FRS.

Bussian ha señalado que la flota de esta naviera la componen barcos más antiguos y con unos estándares de calidad inferiores a los que tiene el buque que actualmente opera la línea Melilla-Motril, ya que tienen una velocidad inferior, muchos no tienen camarotes y son embarcaciones con menor capacidad.

Por ello, Bussian ha rechazado la valoración que ayer hizo el presidente de Melilla, Juan José Imbroda, respecto a que las condiciones establecidas por la CNMC le parecían acertadas, ya que a su juicio, lo que ha ocurrido ahora es que "a los melillenses les han metido un gol por toda la escuadra".

Según el diputado, lo ocurrido "cuadra" con los hechos de los últimos días, en los que ha habido quejas por la tardanza de la puesta a la venta de los billetes para el verano, por lo que ha instado a Imbroda a que cuente "la letra pequeña de esta operación comercial" que supone la venta de Trasmediterránea, adjudicataria del contrato marítimo de las líneas de Almería y Málaga por cero euros.

Por ello, el diputado cepemista ha calificado como "nefasta, pésima y contraria a los intereses de los melillenses" la gestión que se ha llevado a cabo sobre el contrato marítimo porque "se van a ver perjudicados por dos empresas privadas", por lo que ha instado a la Ciudad Autónoma, la Autoridad Portuaria y el Ministerio de Fomento a que "trabajan para garantizar un servicio marítimo de calidad".

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