Colegios mayores de Barcelona piden aparcar multas por alquileres turísticos

Las residencias de estudiantes y colegios mayores de Barcelona, que se enfrentan a multas de hasta 600.000 euros por ofrecer sus habitaciones como alojamientos turísticos, reclaman diálogo al Ayuntamiento para evitar la imposición de unas sanciones que pueden causar al sector "un daño irreparable".

A finales del pasado año, el Ayuntamiento de Barcelona anunció su intención de sancionar a una quincena de establecimientos tras descubrir que ofrecían por internet sus habitaciones también como alojamientos de corta estancia.

Fuentes consultadas por Efe, no obstante, elevan a 19 el número de centros que se exponen a una sanción del consistorio, lo que supone prácticamente la mitad del sector en Barcelona, compuesto por 38 residencias de estudiantes y 6 colegios mayores que suman cerca de 6.000 plazas.

El Ayuntamiento sostiene que estos centros funcionan de forma encubierta como un establecimiento hotelero, una infracción que considera muy grave y que implica multas que oscilan entre los 30.000 y los 600.000 euros, mientras que los establecimientos argumentan que "las estancias cortas son plenamente compatibles con la licencia" que poseen.

Empresarios del sector aseguran a Efe que "desde hace décadas las residencias de estudiantes y colegios mayores han ofrecido habitaciones para cortas estancias", y que esta misma práctica se lleva a cabo en otras ciudades españolas y de Europa sin que las administraciones hayan puesto impedimento alguno.

Las mismas fuentes recalcan, en cualquier caso, que el alquiler de habitaciones por días o semanas es residual y que esta actividad es precisamente la que garantiza la viabilidad económica del sector, ya que las necesidades de los estudiantes han cambiado y existe una gran temporalidad en el calendario académico.

"Si no podemos alquilar nuestras habitaciones por días, ¿qué hacemos en verano? ¿Y cómo podemos dar salida al alojamiento académico, de profesores o ponentes?", se pregunta un empresario, que recuerda la importancia social y económica de este sector, que emplea a unas 700 personas en Barcelona.

Las residencias denuncian asimismo que operan parcialmente en un contexto de "vacío legal", ya que la Ley Orgánica de Universidades que las regula "no concreta lo que pueden hacer y lo que no", y piden por ello a la Generalitat, órgano competente en la materia, que regule esta actividad.

La Asociación de Residencias de Estudiantes y Colegios Mayores de Cataluña ha mantenido ya diversas reuniones con responsables del gobierno catalán para abordar la regulación del sector, pero hasta ahora las negociaciones no han sido provechosas debido en parte a que se han visto interrumpidas por las sucesivas elecciones.

Mientras esta regulación no llegue, los empresarios piden una tregua al Ayuntamiento de Barcelona y la apertura de una vía "franca" de diálogo que permita reconducir la problemática actual y aparcar la imposición de sanciones.

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