Bankia: ¿Pueden recuperar su dinero las instituciones que invirtieron?

¿Por qué no piden las instituciones, fundamentalmente bancos y alguna compañía de seguros, la devolución del dinero invertido con ocasión de la salida a Bolsa de Bankia, tal y como se ha concedido a los pequeños inversores? Hace unas semanas, el presidente de Mapfre respondía en la Junta de Accionista de la entidad que los servicios jurídicos de la compañía estimaban que había pocas posibilidades de conseguir la devolución del dinero tras la decisión del Tribunal Supremo. Sin embargo, y por mucho que el Tribunal Supremo distinguiera muy bien entre los pequeños accionistas y las instituciones que acudieron a la salida a Bolsa, es más que discutible que no exista una vía para que las instituciones recobren todo su dinero.

El argumento por el que el Supremo hacia distinciones entre pequeños y grandes accionistas (instituciones) era que éstas últimas contaban con medios, de los que aquellos carecían, para conocer los riesgos que suponía la compra de acciones de Bankia en su salida a Bolsa. Pero el argumento del Supremo parece más bien una fórmula, carente de principios jurídicos, para resolver un problema económico con indudable trascendencia social. Da la impresión de que se trataba de encontrar una solución a un grave problema, al menor coste posible y sin poner en riesgo a las entidades ni a las cuentas del Estado.

Una cosa es que las instituciones que invirtieron en Bankia, muchas de ellas animadas por el ministro de Economía, cuenten con medios para medir el riesgo que suponen sus decisiones de inversión y otra muy distinta que acudieran a la salida a Bolsa haciendo caso, entre otras cosas, al contenido del folleto de emisión, que ahora se ha demostrado que contenía muchos datos falsos. 

No es un problema de falta de transparencia y de información deficiente, como en el caso de las preferentes. Es un problema de una colocación bursátil que se ha hecho sobre la base del falseamiento de datos, según acaban de poner de manifiesto una vez más los inspectores del Banco de España a los que el juez Andreu encargó un informe.

Es difícil que las instituciones que invirtieron tuvieran capacidad también para detectar esos datos falsos de los que la propia auditora de la entidad informó al Consejo de Administración de Bankia cuatro meses después de la salida a Bolsa. Hasta ese momentos los miembros del Consejo han afirmado que ignoraban tal circunstancia.

Si, como los inspectores del Banco de España han demostrado, la magnitud del falseamiento de datos fue tan grande, parece difícil que no haya equipo jurídico que se acoja a esa circunstancia para pedir la devolución del dinero. Otra cosa es que, por el bien del sector financiero, de Bankia o de la economía española, las instituciones negocien no exigir la devolución de lo invertido. En cualquier caso, los accionistas de las instituciones que invirtieron en la salida a Bolsa de Bankia necesitan una mejor explicación porque, al fin y al cabo, ellos asume las consecuencias de aquella mala decisión.