Ballesta: La CHS no recurrió ningún convenio municipal con agua de la planta

El exconsejero de Obras Públicas y Ordenación del Territorio José Ballesta ha afirmado hoy que la Confederación Hidrográfica del Segura (CHS) no recurrió ninguno de los convenios firmados por el Ente Público del Agua (EPA) con los ayuntamientos para recibir agua de la desalinizadora de Escombreras.

El destino de este recurso, ha añadido en su comparecencia ante la comisión de investigación de la Asamblea Regional de Murcia sobre la construcción y puesta en marcha de esa planta, era garantizar los caudales a los planes generales y parciales urbanísticos de esos municipios.

Ballesta ha remarcado que no disponía de mucha información al respecto porque entró en la consejería en julio de 2007, al tiempo que ha circunscrito la responsabilidad de su departamento en materia de ordenación urbanística al "control de la legalidad", lo que ha sido criticado por la oposición.

El actual alcalde de Murcia ha detallado que durante su mandato la consejería aprobó definitivamente un plan urbanístico general, 7 parciales y 3 parciales con deficiencias subsanables.

Además, ha manifestado que no recuerda si habló con su antecesor en el cargo, Joaquín Bascuñana, sobre la planta, aunque sí ha señalado que esta infraestructura no era un asunto de trato habitual en las reuniones del Consejo de Gobierno.

Ballesta ha defendido el papel del Ejecutivo murciano aludiendo a la autorización de la concesión administrativa para el aprovechamiento de los caudales de la planta por la CHS, que dio luz verde en abril de 2009.

Hasta entonces, ha comentado, el EPA daba informes favorables sobre disponibilidad del agua "tras el mandato de la Asamblea Regional sin ningún voto en contra".

El exconsejero se ha mostrado "preocupado" por las consecuencias para los ciudadanos de las sentencias del Tribunal Supremo y del Tribunal Superior de Justicia de la Región de Murcia que anulan algunos de esos planes urbanísticos, como la urbanización Joven Futura, en Espinardo, sobre la que el primer edil ha adelantado que "espera dar noticias positivas" en los próximos días.

Desde la oposición, el diputado socialista Jesús Navarro ha criticado que Ballesta haya "aportado poco", cuando la "decisión última" sobre los planes generales y parciales de los municipios debía adoptarla su departamento.

Ha señalado que esas aprobaciones de planeamiento con el informe del EPA "pueden generar repercusiones económicas muy graves" a los ayuntamientos y ciudadanos.

En el turno de Ciudadanos, su portavoz, Miguel Sánchez, ha lamentado que el exconsejero "haya pasado de puntillas" sobre la responsabilidad de la consejería que dirigía para dar luz verde a los planeamientos.

Ha criticado que se la haya trasladado a la autorización al EPA por parte de la CHS en 2009, cuando dos años antes el organismo de cuenca "denunciaba la situación de alegalidad" de la planta.

Finalmente, el diputado de Podemos Antonio Urbina ha incidido en que diez años después de comprar el accionariado principal de la desalinizadora, el Gobierno regional "se acuerde ahora de los agricultores" como clientes y usuarios de la planta.

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