Asturias rechaza que el 'céntimo verde' no se retire también para el carbón

El Gobierno asturiano ha mostrado hoy su disconformidad con el real decreto-ley de medidas urgentes en el que suspende los[…]

El Gobierno asturiano ha mostrado hoy su disconformidad con el real decreto-ley de medidas urgentes en el que suspende los impuestos a la electricidad y amplía la cobertura del bono social al suspender el denominado 'céntimo verde' para la energía generada por gas, pero no para la producida con carbón.

Según ha señalado en rueda de prensa el portavoz del Ejecutivo regional, Guillermo Martínez, dicha medida supone una pérdida de competitividad para las instalaciones que utilizan el carbón en la generación eléctrica.

Esta discrepancia, ha avanzado, será trasladada la próxima semana por el consejero de Empleo e Industria, Isaac Pola, al secretario de Estado de Energía, José Domínguez Abascal, al que planteará también el rechazo del Principado a la nueva configuración del peaje de acceso a redes diseñada en el real decreto-ley.

El Gobierno aprobó el pasado viernes el real decreto-ley de medidas urgentes en el que suspende los impuestos a la electricidad y amplía la cobertura del bono social, con la creación, además, de un bono para la calefacción, para reducir el importe de la factura de la luz a los consumidores.

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Dicha normativa suspende por un período de seis meses el impuesto a la generación eléctrica del 7 % e introduce una exención en el Impuesto Especial de Hidrocarburos para desactivar el conocido como "céntimo verde" en la generación eléctrica.

Esta última medida persigue que, cuando tecnologías como el gas marquen los precios en el mercado mayorista, el citado gravamen, creado para desincentivar el uso de fuentes de energía ligadas a los hidrocarburos, no tenga una repercusión que incremente los precios de la luz.

Según el Gobierno, estas dos medidas sobre la fiscalidad de la electricidad rebajarán en torno a un 4 % la factura para un consumidor doméstico, y ha insistido en que son medidas temporales que se aplicarán sólo durante seis meses -coincidiendo con los meses de mayor demanda-, tiempo en el que el Gobierno irá trabajando en medidas de reforma del mercado eléctrico y en la revisión de la fiscalidad que se aplica a la energía.

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