Aragón aboga por compensación de la renta en función de la actividad agraria

El consejero de Desarrollo Rural y Sostenibilidad, Joaquín Olona, es partidario de una reforma de la Política Agraria Común que establezca compensaciones de la renta de los agricultores en función del ejercicio real de la actividad agraria que realicen y de su renta personal agraria declarada en el IRPF.

La propuesta, que se ha puesto de manifiesto en el transcurso de la Conferencia Sectorial de Agricultura celebrada hoy en Madrid y que promueve una PAC "más justa y eficaz", se llevará a un grupo de trabajo que las comunidades autónomas crearán próximamente para reflexionar sobre el actual sistema de ayudas, informa el Gobierno de Aragón en una nota de prensa.

"Tenemos que conseguir un programa de ayudas a los agricultores y ganaderos que no discrimine a ninguno por la orientación de su actividad o por el territorio en que se encuentre", ha manifestado el consejero a la salida de la reunión.

De esta manera se sustituyen las ayudas basadas en los derechos históricos, los pagos por superficie y la regionalización productiva (estratos).

Olona confía en que el grupo de trabajo que se cree sirva para que España pueda articular una posición proclive a una reforma sustancial de la PAC "que debe provenir de una reflexión pausada".

Para fijar esta nueva forma de compensación se plantea establecer una renta agraria de referencia, de tal manera que los profesionales del campo que no la alcancen vean incrementados sus ingresos mediante ayudas públicas hasta completarla.

La proposición incluye a todos los agricultores y ganaderos independientemente de su orientación productiva y dimensión y se modula mediante algunos factores correctores como el grado de profesionalidad agraria, dimensión económica de la explotación y eficiencia productiva de la misma.

El pago estará condicionado al cumplimiento de buenas prácticas agronómicas que deben definirse y a las que se pueden sumar determinadas exigencias de carácter ambiental o social.

Son aspectos que suponen una modificación sustancial del enfoque del primer pilar de la PAC como son las ayudas directas a los agricultores y ganaderos, mientras que se mantiene la orientación actual del segundo pilar, el desarrollo rural, del que se reforzaría su papel como impulsor de la mejora de las estructuras agrarias.

La propuesta mantiene el mismo nivel de asignación financiera para Estados y comunidades autónomas, aunque modifica la distribución de esta entre los beneficiarios finales.

El planteamiento del Gobierno de Aragón tiene como objetivo principal terminar con la falta de equidad de la PAC actual y con los elementos que la convierten en una política ineficaz.

La compensación directa de las rentas mediante la fórmula planteada permitiría, según el Ejecutivo autonómico, incluir a todos los agricultores y ganaderos como beneficiarios de las ayudas; orientar las subvenciones a los segmentos de beneficiarios más dependientes de la actividad agraria y más implicados en su desarrollo y equiparar a todos los perceptores en derechos, acabando con desigualdades personales, territoriales, de orientación productiva o cualesquiera otras.

También primar la buena gestión de las explotaciones; mantener la capacidad financiera de Estados y comunidades autónomas; introducir exigencias medioambientales o sociales con criterio y viabilidad agronómicos; legitimar la política agraria por el valor intrínseco de la actividad agraria; transformar la PAC de presupuesto sin política a política con presupuesto y eliminar el exceso actual de burocracia.

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