Altadis pide implicación de Sanidad en combatir contrabando de tabaco picado

La directora de Asuntos Corporativos de Altadis, Rocío Ingelmo, ha instado hoy a las autoridades sanitarias a implicarse en la erradicación del contrabando de tabaco picado, un delito que, según ha recordado, atenta contra la salud pública.

"Tienen que entender y empezar a perseguir este delito", ha afirmado Ingelmo durante su intervención en la jornada "Auge del contrabando de hoja de tabaco", que ha organizado Altadis en Mérida y a la que han asistido agricultores, representantes de CETARSA y el presidente de la Junta de Extremadura, Guillermo Fernández Vara.

A juicio de Ingelmo, la mejor arma para combatir el contrabando es "la colaboración con todos los organismos y entidades" pertenecientes al sector, pues "solo coordinados y trabajando en la misma dirección podremos alertar de los efectos negativos del contrabando y erradicarlo".

Esta coordinación y concienciación también ha de incluir a las autoridades sanitarias, "tan distantes en esta lucha", ha añadido.

En su exposición, ha manifestado que la comercialización ilegal del tabaco tiene graves consecuencias para todos los eslabones que forman parte de esta cadena.

"Vosotros, los agricultores, sois el primero de estos engranajes, y un trasvase de vuestra materia prima a los cauces ilegales tiene consecuencias nefastas para la reputación de vuestro producto", ha expuesto Ingelmo.

Según ha desgranado, la compra de tabaco de contrabando por parte del consumidor "nos perjudica a todos". "Al sector, pues se traduce en pérdidas para la industria del tabaco, menos compras a Cetarsa por parte de los fabricantes, cierre de estancos y en consecuencia, aumento del desempleo", ha detallado.

A la Hacienda Pública y, "en definitiva a la sociedad, derivado de la fuerte pérdida recaudatoria que supone no sólo para el Estado -unos 900 millones de euros al año- sino también para comunidades autónomas", que reciben el 58% de la recaudación.

También afecta a los menores, ya que toda la regulación existente para impedir el acceso al tabaco por parte de este colectivo, "no se aplica en los lugares donde se vende tabaco de contrabando".

"Permitir a la sociedad acceder a un producto ilícito, ajeno a cualquier control de calidad, tiene graves implicaciones sanitarias y también jurídicas", ha remarcado.

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