La Unión Española Fotovoltaica (Unef) impugnará la subasta de 3.000 megavatios de nueva capacidad renovable y pedirá su suspensión cautelar, si la orden y las dos resoluciones que la desarrollan no corrigen aquellos aspectos que perjudican a esta tecnología en el proceso de asignación.
El director general de la patronal fotovoltaica, José Donoso, ha explicado a Efe que la decisión se ha adoptado en una asamblea extraordinaria celebrada hoy, en la que los socios han facultado a Unef a interponer recurso ante el Tribunal Supremo (TS), si la orden y dos resoluciones que quedan para convocar la subasta mantienen las condiciones desfavorables que para ellos tiene el real decreto aprobado por el Consejo de Ministros el pasado 31 de marzo.
La asamblea, que se ha celebrado antes de que el Ministerio de Energía haya aprobado hoy la orden, ha estado dedicada exclusivamente a la subasta, según Donoso.
El director general de Unef ha dicho que consideran que el proceso para esta nueva convocatoria de incentivos a nuevas instalaciones de energías renovables no es realmente "neutral" entre tecnologías, como ha dicho el Ministerio, pues la fotovoltaica "no juega en igualdad de condiciones".
En este sentido, ha explicado que, en caso de que hubiera un empate en la cuantía del descuento de dos ofertas de empresas en la subasta, la adjudicación recaería en la que más horas produzca al año, con lo que recaería en la eólica, pues funcionan más horas al año que las fotovoltaicas.
Donoso ha dicho que, en lugar de ello, Unef defiende que el criterio para resolver la subasta sea el precio ofertado por kilovatio producido, lo que, además, haría que la energía para los consumidores fuera más barata.
En el sistema adjudicación de la potencia renovable el Ministerio pone un coste de inversión estándar sobre el que las empresas que concurren ofertan porcentajes de descuento.
Los pequeños productores fotovoltaicos, representados en la Asociación Nacional de Productores de Energía Fotovoltaica (Anpier), también han denunciado hoy que las condiciones que pone el real decreto sólo están "al alcance de grandes empresas", han indicado en un comunicado.
Por eso, Anpier demanda que haya una cuota social del 20 % del total de la potencia subastada.
El Consejo de Ministros aprobó el pasado 31 de marzo el real decreto para subastar hasta 3.000 megavatios de nueva capacidad renovable, en el que no se establecen cupos específicos por tecnologías, a fin de que, según el Ministerio de Energía, se adjudique la nueva potencia a las instalaciones más eficientes en costes.
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