Unauto asegura que el decreto aprobado "expulsa" a los VTC de la Comunitat

La patronal de vehículos con conductor (VTC) Unauto ha asegurado que el decreto de regulación de este servicio aprobado este viernes por el Gobierno valenciano "expulsa" al sector de la Comunitat Valenciana y supone la destrucción de más de 500 empleos.

Unauto VTC Valencia ha señalado en un comunicado que, además de estos puestos de trabajo, se destruirán "los cientos" previstos para los próximos meses, y ha manifestado que el decreto también supone indemnizaciones de 166 millones a los titulares de las autorizaciones de VTC.

Ha insistido en que el decreto podría incurrir en inconstitucionalidad, al ir contra el artículo 38 de la Constitución sobre libertad de empresa, y que es una copia de la regulación aprobada en Cataluña.

El presidente de Unauto Valencia, Ricardo González, ha manifestado que la presión del taxi "ha vuelto a funcionar" y el Gobierno valenciano ha regulado "en contra de la creación de empleo y la libertad de elección del ciudadano" y lo ha hecho "sin escuchar" al sector, a la Comisión de la Competencia autonómica y a "una mayoría de la población".

Critica que la Generalitat "no haya consultado" al sector, "no haya respetado" el periodo de alegaciones de la consulta pública y apruebe la regulación "con las elecciones convocadas", aduciendo "una falsa urgencia".

Unauto señala que el plazo de aplicación de dos meses es "posponer el problema" pero permitirá al sector seguir operando durante ese tiempo mientras los conductores de VTC buscan un nuevo trabajo, según González.

Las regulaciones "a medida del taxi", añade, están generando "el rechazo mayoritario" de los ciudadanos, que ven "limitada" su libertad de elegir, según Unauto, que cita una encuesta realizada por Metroscopia que afirma que el 74 % de los españoles "ve de forma muy negativa que se esté negando el derecho de los ciudadanos a elegir cómo moverse por sus ciudades".

Un 77 %, continúa, evalúa de forma negativa la regulación aprobada por la Generalitat de Cataluña y un 64 % está de acuerdo con la decisión de la Comunidad de Madrid "de no acceder a las demandas del sector del taxi".

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