Soraya, la mujer de 30 años pendiente de ser desahuciada de su casa de Vicálvaro junto con sus tres hijos menores, ha acudido hoy al Juzgado de Instrucción número 30 de Plaza de Castilla para pedir de nuevo la paralización del desahucio (desaconsejado por la ONU) al alegar que su bebé está enfermo.
En declaraciones a Efe, Soraya ha explicado que ha tenido que dejar de dar de mamar a su hija de 30 días para dejarla a cargo de su prima mientras ella, junto con los vecinos, tratan de bloquear el desahucio por cuarto día consecutivo.
Por ese motivo, según ha señalado, su hija ha enfermado y ha decidido "presentar ese informe a la jueza".
Fuentes municipales han explicado a Efe que en el escrito presentado ante el Juzgado Soraya ha incluido un informe de las urgencias del Hospital Ramón y Cajal donde ingresó ayer el bebé al sufrir "problemas respiratorios", así como la comunicación de la ONU en la que recomendaba al Estado la suspensión cautelar del desalojo.
El escrito del Comité de Derechos Económicos Sociales y Culturales (DESC) de la ONU solicitaba también el realojo de esta familia en una vivienda digna, entendiendo que existe la posibilidad de vulnerar sus derechos, protegidos por el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales (PI-DESC).
"Lo único que estoy pidiendo es un alquiler, o que me dejen aquí hasta que me den una alternativa", ha indicado Soraya, que asegura cobrar una renta mínima de 580 euros, y entiende que no está pidiendo "una cosa de otro mundo" sino "un techo donde vivir".
"Yo no me niego a pagar, yo quiero pagar un alquiler", ha sostenido.
Soraya ha hecho estas declaraciones antes de ir al juzgado, frente a la vivienda que ocupa y acompañada de miembros de la plataforma Stop desahucios de Vicálvaro, que aseguran haber visto un furgón policial esta mañana por la zona.
También ha acudido a las puertas de la vivienda, ubicada en la calle San Eudaldo número 1 de Vicálvaro el concejal presidente de ese distrito, Carlos Sánchez Mato, que ayer registró un requerimiento al Juzgado de Instrucción número 3 de Plaza de Castilla para la suspensión cautelar del desahucio de esta familia hasta que no exista alternativa habitacional.
"Lo que esperamos es una decisión del Juzgado que permita que podamos abordar esta situación gravísima desde el punto de vista social con otro tipo de parámetros, no con las fuerzas del orden público echando a una familia con hijos de su casa", ha señalado a Efe.
El edil ha explicado que el Ayuntamiento exige al Juzgado "tiempo para buscar una solución a más largo plazo", y que aunque están "ofreciendo y buscando posibilidades" para esta familia no disponen "por desgracia" de vivienda pública actualmente "para hacer frente a todas las necesidades como las de Soraya y las de otras muchas personas".
Según el concejal, la ciudad de Madrid no tiene "capacidad" para responder a corto plazo por lo que tienen que articular "mediante convenios" y "soluciones temporales" que son las que tratan de "analizar" para tener en cuenta "prioridades tan evidentes" como la que se está dando con esta familia en Vicálvaro.
"Las presiones por parte de Policía Judicial no creemos que contribuyan a mejorar una situación de emergencia social, evidentemente lo que es necesario es que se paralice el desahucio y se establezcan medios que permitan que esta familia no tenga que salir de este barrio", ha añadido el concejal, que dice que "para todo esto se necesita tiempo y sensibilidad".
El lunes varias decenas de vecinos y activistas del grupo Stop Desahucios de Vicálvaro consiguieron parar el desahucio de esta familia ordenado por el Juzgado de Instrucción número 3 de Madrid, que actuó en sustitución del Juzgado número 30, que estaba en periodo vacacional.
La magistrada del número 3 dictó un auto en el que declaraba que no suspendía cautelarmente el desalojo al considerar que la comunicación del Comité de Derechos Económicos Sociales y Culturales (DESC) de Naciones Unidas (ONU) "ni es un dictamen, ni es una resolución".
Según el grupo Stop Desahucios de Vicálvaro, la Policía Municipal, en funciones de Policía Judicial, amenazó con "volver cualquier noche a las cinco de la madrugada", para ejecutar el levantamiento. Tras ser vendida la vivienda por una entidad bancaria, el piso que ocupa la familia (monoparental) de Soraya pertenece a un fondo de inversión.
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