El Tribunal de Justicia de la Unión Europea (UE) ha determinado que el servicio que prestó Uber en Barcelona entre abril y diciembre de 2014 llamado UberPop y que ofrecía trayectos en coches de particulares, era propio de una empresa de transporte y no de mediación digital por lo que se le debería exigir licencias.
La multinacional estadounidense Uber eliminó su servicio UberPop ante las medidas cautelares impuestas por un juzgado de Barcelona y en marzo de 2016 lanzó el servicio UberX, con otro modelo de negocio en España basado en intermediar vehículos con licencias legales VTC o de alquiler con conductor.
La sentencia del TJUE ha sido favorable a la demanda de Elite Taxi Barcelona, que litigó contra Uber en un juzgado de la Ciudad Condal y que procesalmente llegó hasta la corte de Luxemburgo.
El gremio de taxistas en toda España ha interpretado este dictamen como un triunfo en su vigente lucha contra la expansión de las empresas que intermedian con vehículos de alquiler con conductor (VTC) y usuarios, como Uber o Cabify.
Los taxistas españoles han opinado que la sentencia sentará un precedente y que estas multinacionales (Uber o Cabify) pasarán a ser reguladas tarde o temprano de igual manera que el taxi como medio de transporte urbano.
El ministro de Fomento, Íñigo de la Serna, ha explicado hoy sobre esta cuestión que "aparentemente" la sentencia "no tiene ningún tipo de influencia" en la actual regulación española en esta materia.
De la Serna ha indicado que la sentencia "habla de la situación de UberPop" y ha explicado que para la actual actividad de VTC se necesita una licencia "que en la ley española ya está regulada y que son entregadas por las comunidades autónomas".
El titular de Fomento ha declarado que Uber "en estos momentos, en lo que se refiere a la regulación en España, está cumpliendo con la sentencia que se dice" y ha añadido que no espera que haya "incidencia alguna" en el marco normativo actual tras su publicación.
Cabify ha afirmado que desde su fundación en Madrid en 2011 su modelo de negocio "es y ha sido siempre 100 % legal", y que "no está relacionada en absoluto" con la sentencia del TJUE.
El portavoz de Uber España, Yury Fernández Castillo, ha dicho que la sentencia no tiene ya "ninguna implicación práctica" porque el modelo de negocio varió en 2016, y ha ofrecido colaboración al Gobierno para regular el servicio basándose en "el interés general".
Por el contrario, Fedetaxi, la asociación mayoritaria en el sector del taxi, ha exigido hoy a la Comunidad de Madrid y a la Generalitat de Cataluña que inspeccionen, y en su caso sancionen, los servicios realizados por Uber desde el año 2014.
Según Fedetaxi, Uber podría tener que afrontar sanciones en España por más de 5.000 millones de euros.
La Asociación Nacional del Taxi (Antaxi) considera que la sentencia es un "punto de inflexión que va a desencadenar una nueva visión" de los tribunales españoles en las demandas interpuestas por el colectivo de taxistas, que aún están pendientes de resolución.
La alcaldesa de Barcelona, Ada Colau, ha felicitado hoy al sector del taxi por la sentencia y se ha mostrado favorable a que "todo el mundo cumpla con las mismas reglas y pague impuestos"
Unauto VTC, la mayor organización representativa del sector del alquiler de vehículos con conductor en España, ha asegurado que la sentencia no cambia "absolutamente nada".
Su presidente, Eduardo Martín, ha explicado hoy a Efe que el texto se refiere al servicio UberPop, que operaba con conductores no profesionales y que está cerrado desde hace tres años y por el que la multinacional estadounidense pidió perdón en su momento.
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