Santander amaga con llevarse sedes de España por el impuesto a la banca

La entidad cree que los tributos que prevé el Gobierno no son «juego limpio» y tendrá efectos colaterales «contrarios a lo que se busca»

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El Santander ha abierto un nuevo frente ante la intención del Gobierno de que los bancos paguen más impuestos para ayudar a la sostenibilidad del Estado del Bienestar. De la amenaza inicial de las entidades con trasladar esos costes al cliente, el consejero delegado del grupo, José Antonio Álvarez, ha pasado a abrir la puerta a que multinacionales como el banco puedan «repensarse su estructura legal» con el traslado de parte de sus estructuras fuera de España. En cualquier caso, ha aclarado que se trata de una cuestión «altamente especulativa», al no estar claro cuál sería el gravamen que impondría Hacienda al sector. Lo que no ve es una «interrelación entre impuestos y comisiones», descartando esta posibilidad como impacto a futuro entre los ciudadanos.

Álvarez quiso insistir este miércoles, durante la presentación de resultados semestrales, en que si, por ejemplo, se aplica un tributo por los resultados contables generados, «nuestros accionistas nos dirán que ese impuesto puede afectar a la morfología» del grupo, refiriéndose a la organización que tiene. A su juicio, supondría «una doble imposición» de lo que se paga en otros países, porque las filiales del grupo aportan 4.000 millones de euros en dividendo al año. Álvarez ha recordado que el centro corporativo del Santander se encuentra ubicado legalmente en España. «Si perdemos dinero aquí como consecuencia de tener ese centro en España, no deberían ponerse más impuestos», ha subrayado. Por ello, ha recomendado a Hacienda «reflexionar» sobre sus propuestas porque «pueden tener efectos colaterales contrarios a los que se persiguen».

El ejecutivo del Santander considera que lo que quiere hacer el Gobierno no es «juego limpio» («'fair'», en inglés, comentó). «Se trata de crear el mejor valor para nuestros accionistas», dijo refiriéndose al grupo financiero. Por eso, «dependiendo de lo que se haga, tomaremos las decisiones que nos convengan». Álvarez cree que lo que debería hacer el Gobierno es pensar en un modelo fiscal que prime «el crecimiento, el empleo y que no cree incertidumbre legal».

En el plano meramente comercial, Santander ha aclarado el futuro a medio plazo por el que pasará su red comercial en España tras la adquisición del Popular. José Antonio Álvarez ha explicado que la integración jurídica de ambas entidades se realizará a la vuelta del verano «entre septiembre y octubre», como estaba previsto. Será, por tanto, «a partir de noviembre», según ha indicado el consejero delegado del grupo, cuando se inicie la integración «operacional», que supondrá la reestructuración del número de oficinas y de personal, en un plazo que culminará antes del verano de 2019. Ha recordado que, en el caso de la plantilla, negociarán con los sindicatos, y en el caso de la red se hará «un análisis detallado» de los posibles cierres «para no generar disfunciones».

Entre enero y junio, el banco ha ganado 3.752 millones de euros, un 4% más que en el mismo periodo del año pasado. En el caso de su negocio en España, el beneficio se ha visto impactado por los 300 millones derivados de los gastos de reestructuración tras la compra del Popular. Esta partida fue incluida en las cuentas de 2017 en su tercer trimestre, y en esta ocasión en el segundo. El mercado español aporta un 15% al beneficio atribuido al grupo, por detrás de Brasil, cuyo negocio representa ya un 26% del total, y muy cerca de Reino Unido, con un 14%. 

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