Santa Eulària afirma leyes de la Vivienda y Turística no aportan soluciones

El Ayuntamiento de Santa Eulària ha presentado alegaciones a los borradores de los anteproyectos de la Ley de Turismo y de la Ley de la Vivienda ya que considera que "no presentan una solución a los problemas reales de los ciudadanos, a la vez que invaden competencias turísticas".

El consistorio ha informado que esta mañana, el alcalde Vicent Marí ha mantenido un encuentro con el conseller balear de Turismo, Biel Barceló, y le ha reiterado su oposición al proyecto de legalización de viviendas turísticas porque "contribuirá todavía más a agravar la problemática de la vivienda, además de afectar directamente al propio modelo turístico de Santa Eulària".

El alcalde ha comunicado al conseller que las alegaciones presentadas inciden en que el alquiler de pisos a turistas dificulta que puedan ser alquilados por trabajadores para todo.

También le ha recordado que mezclar usos turísticos y residenciales "provocará problemas de convivencia entre residentes y turistas".

En cuanto a la Ley Turística, el consistorio ha reiterado en sus alegaciones su "desde el primer momento" que le ha llevado a cambiar las Normas Subsidiarias para impedir esta práctica mediante la disciplina urbanística.

También alega que admitir la comercialización de estancias turísticas en viviendas es "una actuación que puede entrar en conflicto con las normas específicas de urbanismo y vivienda, y que puede generar indefensión de los ciudadanos al no quedar claro qué norma es el aplicable".

Santa Eulària también señala que faltan "estudios e informes que avalen las medidas" que prevé el borrador de la ley, que además "invade" las competencias municipales porque quita a los ayuntamientos la facultad de "decidir y ordenar su propio territorio en función de los intereses de sus habitantes".

Respecto al Anteproyecto de Ley de la Vivienda, Santa Eulària ha alegado que es un documento "incompleto, poco concreto, que no respeta las competencias municipales".

También advierte que puede acabar anulando normativa anterior "sin proponer una nueva, lo cual puede generar conflictos entre administraciones, diferencias de interpretación y, sobre todo, indefensión de los ciudadanos".

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