Ribera deberá conjugar reducción de emisiones y competitividad económica

La nueva responsable de Energía y Medio Ambiente, Teresa Ribera, llega al Ejecutivo en un momento clave, en pleno proceso de diseño de la ruta hacia una economía más limpia, por lo que deberá encontrar un equilibrio entre la lucha contra el cambio climático y la competitividad de las empresas españolas.

Las competencias en materia energética, que hasta ahora recaían en el Ministerio de Energía, Turismo y Agenda Digital, un departamento con marcado cariz económico, pasarán a la órbita medioambiental.

Ribera deberá desarrollar un plan de Energía y Clima y la Ley de Cambio Climático y Transición Energética, y definir el papel que tendrá cada una de las tecnologías de generación eléctrica, en especial las centrales nucleares y de carbón.

En este sentido, el Ejecutivo de Pedro Sánchez tendrá que decidir si alarga la vida útil de las centrales nucleares.

De momento, ya cuenta con el informe elaborado por el comité de expertos en transición energética, que apuesta por la fiscalidad medioambiental y por eliminar de la tarifa eléctrica los costes no asociados a su producción y distribución.

Ribera se encontrará con una proposición de ley presentada por el Gobierno del PP para ampliar los criterios que se pueden tener en cuenta para autorizar el cierre de las centrales eléctricas.

El objetivo de su antecesor, Álvaro Nadal, era evitar que la decisión quedara exclusivamente en manos de las empresas.

El Ministerio de Energía también había anunciado su intención de traspasar a las compañías los costes por el desmantelamiento de las centrales nucleares que ahora recaen en la empresa pública Enresa, y de revisar la retribución de las redes de gas y electricidad.

Otra cuestión espinosa es el pago de los costes derivados del cierre del almacén submarino de gas Castor, situado frente a las costas de Castellón.

El Tribunal Constitucional anuló varios artículos del real decreto ley que permitió pagar la indemnización a la sociedad gestora del almacén, controlada por ACS.

Los derechos de cobro fueron adquiridos por un grupo de bancos, que han dejado de percibir las cantidades que se cargaban a la tarifa del gas.

Banco Santander, CaixaBank y Bankia reclaman al Estado 1.350 millones de euros.

Ribera deberá impulsar los proyectos de nueva potencia renovable derivados de las subastas realizadas por el Gobierno del PP.

Los proyectos ya están identificados y deben ponerse en marcha antes de finales de 2019.

Ni este artículo, ni sus datos, ni su contenido multimedia o relacionado constituyen recomendación alguna o estrategia de inversión. Inversor Ediciones, SLU (incluyendo a sus profesionales, colaboradores y proveedores) declina cualquier responsabilidad relacionada con el uso que usted dé a los contenidos publicados por finanzas.com y/o la revista INVERSIÓN.