Los hosteleros franceses exigen a la justicia igualdad de trato para Airbnb

Los hosteleros franceses han lanzado un procedimiento judicial contra las plataformas de alquileres inmobiliarios en línea, como Airbnb, por considerar que incumplen muchas de las normativas a las que ellos están sometidos, lo que los coloca en inferioridad de condiciones para competir.

La denuncia "contra X", es decir sin identificar un presunto culpable, se formalizó el pasado lunes en nombre de 30.000 empresas hosteleras que representan casi la totalidad del sector, explicó hoy a Efe el abogado que dirige la operación, Guillaume Navarro.

No obstante, Navarro afirmó que es una iniciativa que va "en particular contra Airbnb" como principal protagonista de este fenómeno, pero también contra las alrededor de otras 200 plataformas en línea que operan en Francia, a las que reprochan una competencia desleal.

Se pretende que la queja sirva para abrir una instrucción a través de la cual podrían producirse inculpaciones y llevar a juicio a los presuntos responsables por las infracciones que a su parecer están cometiendo.

El abogado subrayó que "esas plataformas operan en una especie de zona gris" y se sustraen al marco normativo al que sí se tienen que ajustar los profesionales hosteleros, e hizo hincapié en que solo piden "el respeto de las reglas" para que "todos se sometan a las mismas".

Los autores de la querella les reprochan, en primer lugar, que eludan las obligaciones que tienen los que se dedican a la intermediación inmobiliaria, empezando por la de obtener una tarjeta profesional.

También que ofrezcan servicios turísticos asociados, que están reservados a las agencias de viajes registradas como tales; que gestionen sin autorización reglamentaria el dinero percibido por los propietarios de los pisos; o que propongan seguros sin estar expresamente autorizados.

Navarro destacó que "la pérdida es colosal" para los hosteleros, teniendo en cuenta que calculan que en Francia hay 250.000 bienes inmobiliarios ofrecidos en esas plataformas en línea, de los cuales entre 60.000 y 80.000 pisos están en París, el primer destino mundial de Airbnb.

La ofensiva del sector hostelero se suma a la de diferentes administraciones en Francia.

A la obligación de que las propias plataformas comuniquen directamente al fisco los ingresos para cada uno de sus clientes (dispositivo que será automático a partir de 2019), se acaba de añadir la de pagar cotizaciones sociales para quienes reciben más de 23.000 euros anuales por esta actividad.

El Ayuntamiento de París también actúa contra esas empresas, al considerar, según afirmó hoy en "Le Parisien" el concejal de Vivienda, Ian Brosat, que se tiene "un problema con multipropietarios que compran apartamentos con la única perspectiva de convertirlos en máquinas de ingresar efectivo con el alquiler turístico".

De acuerdo con sus estimaciones, 20.000 de los 1,2 millones de viviendas del parque inmobiliario de la capital francesa se han pasado a ese negocio tan rentable.

El Ayuntamiento, que atribuye a ese cambio la disminución de la población de París, en especial en los distritos del centro, ha aumentado este año de 20 a 25 el número de inspectores encargados de verificar el cumplimiento de la normativa, y en especial que no se supere el tope de 120 días de alquiler turístico.

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