La Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) ya ha encontrado la estrategia para tratar de desligarse del 'caso Bankia'. En la línea de lo apuntado el miércoles pasado por su presidente actual, Sebastián Albella, quienes fueran sus máximos responsable durante la polémica salida a Bolsa del banco, Julio Segura y Fernando Restoy, dijeron este lunes al juez de la Audiencia Nacional Fernando Andreu que no comprobaron la veracidad de las cuentas aportadas por la entidad para dicha operación porque no entraba dentro de las competencias de dicho regulador.
Esa labor, coincidieron este lunes ambos -defendidos por el letrado Joaquín de Fuentes, quien fuera Abogado General del Estado- correspondía al supervisor financiero, esto es, al Banco de España (BdE). Aunque en su declaración, muy medida, también apuntaron a un segundo responsable de esa tarea de vigilancia, la auditora Deloitte, sancionada por no ser independiente con Bankia.
Según fuentes jurídicas, Segura y Restoy, presidente y vicepresidente de la CNMV en aquella época, sostuvieron que el control de dicha institución fue «básicamente formal», a fin de asegurarse de que el controvertido folleto previo al estreno bursátil de Bankia cumplía todos los requisitos, algo que según ellos ocurría. Solo hubieran podido rechazarlo, explicaron en el juzgado, si hubiera existido «grave riesgo para los inversores»... pero no lo advirtieron.
Y no lo hicieron -continuaron con su línea argumental- porque el folleto estaba, en principio, «bien respaldado». Así, señalaron que añadía hasta 26 estados financieros auditados y sin salvedades (de la media docena de cajas que se fusionaron para formar Bankia, del propio banco, de su matriz BFA y de algunas filiales), el aval previo del Banco de España, varios informes independientes avalando la operación (entre ellos dos de las consultoras BDO y AFI), un 'rating' parecido al del Banco Sabadell (A-) y un aprobado en los test de estrés del Banco Central Europeo (BCE).
No era la único pues, aunque no sea un elemento muy profesional, ambos señalaron que el propio «ambiente» del mercado «decía que el banco podía ser una inversión atractiva en función del precio». Sobre si existieron «irregularidades» en este punto -como sugieren los dos inspectores del BdE que actúan en el caso como peritos judiciales- les preguntó la acusación popular que ejerce la Confederación Intersindical de Crédito (CIC), pero lo rechazaron, al menos con los datos que tenían.
Sin embargo, sí admitieron que conocieron que algunos inversores, como la compañía Gestamp, fueron cubiertos por Bankia ante posibles pérdidas de valor de sus títulos. «Fue excepcional, sí», contestaron al letrado de la acusación, aunque a continuación dijeron que «se dejó pasar porque entendimos que no era relevante para la salida a Bolsa».
Precauciones «extremas»
Tampoco lo eran tanto las cuentas, sugirieron en algún momento, siempre que el referido folleto advirtiera de los posibles riesgos, cosa que según ambos sí hacía y «con gran corrección». De hecho, y pese a insistir en que su labor de revisión era básicamente de aspectos formales y no de números, defendieron que con el caso de Bankia «se extremaron las precauciones» para proteger a los pequeños inversores y por ello, se justificaron, insistieron a la entidad financiera en que el tramo institucional de la salida debería ser bastante alto (al final llegó al 40%).
Pese a no querer entrar en la contabilidad de Bankia, por no ser su labor -insistieron-, Restoy sí quiso hacer referencia a la controvertida cuestión de si las provisiones que tenía el banco eran «suficientes» para cubrir sus riesgos crecientes. Lo hizo apoyado en un informe del FROB, máximo accionista de la entidad (el 66% de sus acciones están en manos del Estado tras inyectarle 22.424 millones de euros en ayudas públicas), y también en el conocimiento que tuvo años después cuando llegó a ser subgobernador del Banco de España.
La propia auditora de la entidad daba por buena la existencia de 6.900 millones en provisiones genéricas. Pero Deloitte, al igual que Segura y Restoy, está investigada ahora por el juez ante la existencia de posibles indicios de delito en su contra. No solo eso. El Instituto de Contabilidad y Auditoría de Cuentas (ICAC)_ya le sancionó por falta muy grave por infringir el deber de independencia con Bankia: revisaba sus cuentas y, a la vez, hizo informes respaldando su controvertida salida a Bolsa.
Pero Segura y Restoy refrendaron este lunes que no vieron conflicto de interés en ser, a la vez, auditor y consultor de la misma empresa. El Ministerio de Economía sí, y por eso multó a Deloitte con 12 millones (luego rebajados a 10,4). La CNMV ni siquiera llegó a consultar al ICAC.
Unos correos incriminatorios que no llegaron a conocer
Son el origen de la imputación (formalmente se llama investigación tras la última reforma del Código Penal) de una decena de destacados miembros de las antiguas cúpulas del BdE y la CNMV en el 'caso Bankia', pero este lunes prácticamente no se habló de ellos.
Se trata de los correos incriminatorios y «demoledores» -según la Audiencia Nacional- que escribieron los inspectores del supervisor bancario empotrados en la entidad antes de su salida a Bolsa, donde alertaban de la «inviabilidad» del grupo BFA-Bankia y de la «falacia» de sus cuentas. Julio Segura y Fernando Restoy dijeron que no los conocían porque, fundamentalmente, no llegaron a la CNMV.
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