Granada activa plan especial ante cortes de luz y emplaza a Junta a reunirse

El Ayuntamiento de Granada ha activado un plan especial de atención a los afectados por los cortes de luz en el barrio de Rey Badis, después de que Endesa decidiera cortar el suministro a varios bloques el pasado fin de semana, y ha urgido a la Junta de Andalucía a reunirse para coordinar una solución.

Este dispositivo se suma a la reclamación del Consistorio a la empresa suministradora para que restablezca de manera inmediata el servicio y garantice un flujo de primera necesidad para enfermos y menores.

Las medidas adoptadas pasan por la atención a los vecinos en el Centro Cívico del Distrito Norte, que permanecerá abierto durante todo el fin de semana, así como la apertura desde el próximo sábado de la piscina de Almanjayar para que las familias inscritas puedan asearse y recibir comida.

El Área de Derechos Sociales también ha concertado un servicio de catering, según ha informado este jueves el Ayuntamiento.

Para el equipo de gobierno del PSOE resulta "intolerable" la situación que padecen los vecinos, de ahí que se hayan puesto "a su entera disposición" y hayan hecho todas las gestiones para hacer entrar en razón a la compañía de suministro.

El Ayuntamiento ha aclarado que ha asumido esta atención a las familias afectadas, dado que el cambio de gobierno en la Junta de Andalucía está dilatando que AVRA, la empresa pública propietaria de las viviendas, asuma sus obligaciones como propietaria y arrendadora de los inmuebles.

Desde el Consistorio se ha insistido en que tanto la titularidad de las viviendas como garantizar el suministro energético es competencia del Gobierno Andaluz, al que han invitado a una reunión de urgencia mañana y al que solicitarán que abra expedientes sancionadores a Endesa por dejar de prestar el servicio, un encuentro al que también ha sido convocado el Gobierno central.

La Concejalía de Derechos Sociales trabaja asimismo en la elaboración de un informe para poner en conocimiento de la Fiscalía de Menores la que considera una "situación gravísima de vulneración" de los derechos de la infancia.

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