Fondos que participaron en radiales dudan inversión acuda a plan carreteras

Fondos de inversión internacionales que participaron en la financiación de autopistas radiales en España creen que muchos inversores se pensarán dos veces participar en el plan extraordinario de carreteras presentado hoy "a la vista del elevado riesgo regulatorio que existe en España".

Fuentes de estos fondos han señalado que el plan descansa en la financiación por parte del sector privado y se enfrenta al reto de atraer inversores internacionales cuando muchos de ellos "han perdido dinero en sus inversiones anteriores en carreteras" o en otros sectores, como el de las energías renovables.

Recuerdan que los ingresos de las concesiones no vendrán de peajes, sino de pagos anuales cuasi-fijos por parte de la Administración bajo la fórmula del pago por disponibilidad, de forma que uno de los principales riesgos que cualquier inversor privado debe asumir a la hora de financiar esas concesiones es el riesgo regulatorio.

Afirman que el Gobierno nunca llegó a pagar a las concesionarias de las radiales todos los préstamos participativos a los que se comprometió argumentando falta de dotación presupuestaria, un factor al que estas fuentes achacan "la quiebra de la mayoría de las llamadas radiales".

También señalan que el Gobierno no está al corriente del pago del reequilibrio en la AP41 (Autopista de peaje Madrid-Toledo), que dicen es parecido a un pago por disponibilidad, como el que propone el plan, al tiempo que acusan al Ejecutivo de acudir a todas las "argucias posibles" para reducir y retrasar las obligaciones que adquirió en el anterior plan de carreteras.

Consideran que todo ésto, unido a los litigios relacionados con las renovables en tribunales internacionales, hará que muchos inversores se piensen dos veces participar en el plan anunciado hoy y apuntan que si finalmente lo hacen, pedirán mayores retornos sobre su inversión para cubrirse del riesgo regulatorio.

En este sentido, explican que un incremento de un 1 % en el coste medio del capital resultará un coste adicional de 1.250 millones de euros para los contribuyentes.

Por último, señalan que el Gobierno puede evitar este sobrecoste "cumpliendo con sus obligaciones" en las concesiones anteriores mediante el pago de la responsabilidad patrimonial de la Administración y evitando la litigiosidad derivada de la actitud que mantiene.

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