La Asamblea de Extremadura ha instado hoy al Gobierno central a declarar de emergencia o de naturaleza catastrófica las zonas y superficies afectadas por las tormentas de granizo y lluvia acaecidas este mes y, por ende, a habilitar indemnizaciones y ayudas que permita compensar daños y empleos.
Dicha petición, elevada en la Cámara regional por los socialistas a través de una propuesta de pronunciamiento, ha sido respaldada por todos los Grupos Parlamentarios (PSOE, PP, Podemos y Cs).
En dicha petición se insta al Gobierno central a habilitar ayudas destinadas a paliar daños materiales y en producciones agrícolas, abrir líneas de préstamos de ICO y beneficios fiscales, y eliminar las peonadas mínimas exigidas para que los trabajadores puedan acceder al subsidio o renta agraria.
Asimismo, se recoge la necesidad de que el Estado adopte medidas para que los pagos de las ayudas de la PAC no se vean afectadas ante la imposibilidad de comercializar cosechas como consecuencia de los daños, que continúe con el apoyo al fomento de la contratación de seguros y que el FOGASA reconozca las indemnizaciones que deben pagarse a los trabajadores por despidos o pérdidas de actividad.
Unos 600.000 jornales, de los que 400.000 corresponden a las explotaciones agrarias, se perderán en el campo y en la industria a causa de los daños ocasionados por las tormentas, según el balance provisional de la Junta de Extremadura.
Por su parte, Agroseguro cifra en más de 30 millones de euros la previsión de indemnizaciones agrarias.
Los daños causados por las citadas tormentas y las ayudas que deben recibir los agricultores por las pérdidas han centrado buena parte del debate del pleno celebrado hoy en la Asamblea, pues, además de esta propuesta de pronunciamiento, los grupos políticos han abordado dos propuestas de impulsos, una de Podemos y otra del PP, sobre esta misma cuestión.
En concreto, la Asamblea ha aprobado, a petición de la formación morada, instar a la Junta a conceder ayudas a los ayuntamientos afectados, a través de las Diputaciones, para la contratación de eventuales agrarios para la realización de obras y prestación de servicios.
Con el apoyo de Podemos y PSOEa esta propuesta de impulso, la Cámara regional también insta al Gobierno regional a peritar a la mayor brevedad posible los daños ocasionados por estas tormentas, y pide al Ejecutivo central la declaración de emergencia.
Dicha declaración debe recoger ayudas, líneas de préstamos de mediación del ICO, beneficios y reducciones fiscales, así como eliminar el requisito de justificación de las peonadas mínimas.
A dicha Propuesta de Impulso tanto el PSOE como el PP, que se ha abstenido, han presentado enmiendas, pero estas han sido rechazadas por Podemos.
En concreto, el PP, que comparte la necesidad de respaldar a los agricultores y de que estos reciban ayudas, había pedido que se aumentara la cuantía de la ayuda para materiales que concede la Junta a las entidades locales para obras o servicios, y se pusiera el Fondo de Contingencia a disposición de los afectados.
Por su parte, el PSOE había propuesto que las líneas de préstamo del ICO también se dirigieran a la agroindustria, y continuar con el apoyo al fomento de la contratación de seguros agrarios.
Por contra, y bajo este mismo marco, la Asamblea ha rechazado la propuesta de impulso del PP, en la que se instaba a "contar en futuros presupuestos" autonómicos con una partida económica "específica" para posibles daños ocasionados a los agricultores y ganaderos por condiciones climáticas adversas.
En el debate de la propuesta, que ha sido rechazada por PSOE y la abstención de Podemos, el PP ha criticado al Gobierno regional por "incumplir" lo que en la Cámara se aprueba.
"Aquí, en la casa de todos, se aprobó una propuesta de resolución para la puesta en marcha del citado fondo de contingencia, pero ustedes no lo han puesto en marcha", ha afirmado el diputado popular Francisco Ramírez.
Desde el PSOE, la diputada María Teresa Macías ha criticado que el PP ponga su atención "únicamente" en el Gobierno regional, pero no traslade peticiones al Estado ni a las Confederaciones Hidrográficas. Además, ha apuntado que el mensaje popular oculta un interés por reducir los seguros agrarios.
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