La Alianza contra la Pobreza Energética (APE) considera que el acuerdo alcanzado hoy entre la Generalitat y el Ayuntamiento de Barcelona para luchar contra la pobreza energética es "poco ambicioso" y duda "que permita proteger a las familias sin tener que negociar" cada caso particular.
El Govern, las 4 diputaciones, el Ayuntamiento de Barcelona y las asociaciones municipalistas han presentado hoy una propuesta consensuada de convenio para que las suministradoras de gas y electricidad se corresponsabilicen en la lucha contra la pobreza energética, como exige la ley 24/015.
En un comunicado, la Alianza contra la Pobreza Energética, formada entre otros por la PAH, asociaciones de vecinos, ecologistas y la unión de consumidores, considera que esta propuesta "llega tarde", 16 meses después de la aprobación de la ley, y que la responsabilidad de las empresas "no está clara".
La APE defiende que las suministradoras de gas y electricidad deberían asumir la totalidad de las deudas acumuladas y los descuentos a aplicar en los futuros pagos mensuales, y no la administración pública.
Además, consideran "peligroso" que las compañías puedan escoger entre condonar la deuda a las familias o hacer una aportación económica, que creen que podría recaer en la administración.
La APE afirma que hay partes del convenio "ambiguas", como la referencia a una tarifa social asociada a un gran descuento que no se define, y que esto podría comportar tener que seguir negociando caso por caso, a pesar de que el convenio "debería ser la herramienta para negociar todo".
Por otro lado, la asociación advierte que el convenio debería firmarse "de manera urgente", ya que no pueden permitir que las deudas de las familias sigan aumentando en estos momentos de "emergencia", cuando la subida del precio de la electricidad coincide con la ola de frío.
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