Energía cree que los incentivos eléctricos los pagarían los consumidores

El secretario de Estado de Energía, José Domínguez Abascal, cree que el precio de la electricidad que pagan las grandes industrias en España es similar al de otros países europeos y advierte de que todo incentivo que se les aplique deberán pagarlo los demás consumidores.

"El sistema eléctrico tiene que estar económicamente equilibrado, y aunque sea un poco complicado decirlo, entre todos tenemos que pagarlo; eso quiere decir que cualquier excepción implica una financiación por parte del resto de los actores, algo que debe ser tenido en cuenta con gran atención", destaca en declaraciones a Efe.

Recuerda que en España se aplican ayudas a las empresas electrointensivas, por interrumpibilidad del suministro o por compensación de emisiones de CO2, que demuestran que el Gobierno mantiene "una política de apoyo y acompañamiento" a la gran industria, que tiene que ser "compatible con la de la Unión Europea".

Explica que el reciente decreto ley sobre el Estatuto de los Consumidores Electrointensivos, acogido con rechazo por estas industrias se encuentra en fase de consulta pública, a la espera de aportaciones de los diferentes sectores implicados.

Este decreto ha sido calificado de "insuficiente" por la Asociación de Empresas con Gran Consumo de Energía (AEGE), que considera que ha "roto las esperanzas" de la industria al no solucionar el problema que sufren por no tener un precio eléctrico competitivo.

Directivos de la patronal siderúrgica, química o cementera han coincido en valorar la iniciativa del Gobierno, pero también han denunciado que la consideran "insuficiente" para defender la competitividad de estas industrias.

CCOO ha advertido de que plantea incertidumbres muy preocupantes para el sector, mientras que UGT ha lamentado que no incida en profundidad en una tarifa energética competitiva para la industria.

El PP cree que el borrador de Estatuto no es factible, al no haber sido aprobado previamente por Bruselas, lo que podría implicar la apertura de un expediente sancionador, y culpa al Gobierno de los cierres de fábricas.

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