El PP de Castilla y León plantea revocar la orden de cierre de La Lora

El PP de Castilla y León pedirá con sendas proposiciones en la Diputación de Burgos y las Cortes autonómicas que el Gobierno revoque la orden de cierre y desmantelamiento de los pozos de petróleo de la Lora, en Burgos, los únicos que hay en tierra en España.

El portavoz del grupo popular en las Cortes de Castilla y León, Raúl de la Hoz, ha calificado la decisión del Gobierno de "absoluta aberración y capricho irresponsable".

En rueda de prensa en Burgos, ha asegurado que no hay justificación para esta decisión ni desde el punto de vista económico, ni empresarial ni medioambiental.

En su opinión, la decisión del Gobierno cercena la actividad económica y el empleo, pero también la inversión prevista por la anterior adjudicataria de la concesión, que estaba dispuesta a volver a aspirar a la explotación de los pozos de petróleo con una aportación económica importante, de varios millones de euros, para aumentar la producción de crudo.

Aunque el anterior Gobierno del PP suspendió temporalmente la concesión, De la Hoz ha asegurado que era una decisión técnica, porque no se podía conceder una prórroga de al menos diez años, como pedía la empresa, sin convocar un nuevo concurso con un pliego de condiciones en el que ha afirmado que ya trabajaba el anterior ejecutivo estatal.

Ha reprochado al Gobierno socialista que quiera enarbolar "una ridícula bandera ecologista, pese a que la explotación petrolífera no supone ningún riesgo en ese aspecto".

Por su parte, el presidente de la Diputación de Burgos, César Rico, ha considerado que la decisión de ordenar el cierre y desmantelamiento de los pozos de petróleo de La Lora "inhabilitan" al PSOE para volver a hablar de lucha contra la despoblación y potenciar el medio rural, porque "no se puede gobernar cerrando empresas por decreto".

El alcalde de Sargentes de La Lora, donde se encuentran los pozos, Carlos Gallo, ha asegurado que esperaban que el concurso para la nueva concesión se publicara en agosto de este año y ha considerado que el final de la explotación del petróleo supone un duro golpe para la zona, que verá como se agrava su problema de despoblación.

En la explotación trabajaban 16 personas que estaban esperando el nuevo permiso para volver a ser contratados, tras haber aceptado voluntariamente la rescisión contractual cuando se produjo el cierre temporal.

Sin embargo, Gallo ha asegurado que esperaban que aumentara la plantilla con la nueva concesión, al aumentar la producción de petróleo.

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