Antes de que las disputas de tierras se enquisten y deriven en crisis, un manual de buenas prácticas pretende solucionarlas contando con unas instituciones fuertes y un afán de diálogo todavía ausentes en muchos lugares.
Desde que se aprobaran hace cinco años a nivel internacional las directrices voluntarias sobre la gobernanza responsable de la tenencia de la tierra, la pesca y los bosques, ha crecido el "reconocimiento de que la tierra es importante", afirma a Efe Annalisa Mauro, representante de la Coalición Internacional para el Acceso a la Tierra (ILC, por sus siglas en inglés).
Un efecto "positivo", dice, en medio de las tensiones entre quienes tienen derechos legítimos al uso y propiedad de los terrenos, y quienes desean comprarlos como una inversión ante la escasez de recursos naturales.
Además del acaparamiento de tierras, la ILC ha constatado en este tiempo "masivas" violaciones de derechos humanos, incluidos los asesinatos de al menos 200 defensores de la tierra y el medioambiente en 2016, según datos de la ONG Global Witness.
Mauro considera que las directrices "pueden ayudar a evitar conflictos y usarse también en la resolución de las disputas de tierras", aunque su aplicación requiere "instituciones que sean adecuadamente fuertes" para asumir la responsabilidad de lo que ocurre en sus territorios y actores civiles que conozcan sus derechos.
Esas normas no vinculantes, adoptadas por el Comité de Seguridad Alimentaria Mundial de la ONU, determinan que los Estados deberían proporcionar acceso, mediante órganos "imparciales y competentes", a medios que permitan dar "solución oportuna, asequible y eficaz a las controversias sobre los derechos de tenencia" y desarrollar formas alternativas para resolverlas.
Asimismo, los Estados y otras partes deberían respetar y proteger los derechos legítimos que tengan sobre los recursos las comunidades locales o los pueblos indígenas, sin reconocer los que se hayan adquirido por la fuerza.
En casos de conflicto, siempre que sea posible habría que restituir los derechos a los afectados o al menos garantizar el acceso seguro de refugiados y desplazados a tierras, pesca, bosques y otros medios de vida negociándolo con las comunidades de acogida y otros actores pertinentes.
Pero una cosa es la teoría y otra muy distinta, la práctica. Según un reciente estudio de la Iniciativa de Derechos y Recursos (RRI), siguen sin resolverse el 61 % de los 288 conflictos registrados desde 2001 en países en desarrollo y relacionados con la gestión de la tierra.
El Sudeste Asiático presenta los peores índices: solo 6 de las 51 disputas allí se han solucionado. La causa principal de enfrentamiento está en la presión de empresas y gobiernos sobre las comunidades para que cedan sus terrenos tradicionales a inversiones privadas en agricultura, minería, energía y otros sectores.
En la República Democrática del Congo, los grupos armados compiten por explotar recursos como la tierra y los minerales ante la debilidad de unas instituciones que "no tienen credibilidad", apuntó esta semana en Roma el experto de ONU-Habitat Omar Sylla.
A su juicio, se necesita crear un espacio de diálogo entre las comunidades enfrentadas e involucrar al gobierno y al sector privado en las negociaciones para que los habitantes de esas zonas puedan ejercer sus derechos, acceder a los recursos y obtener trabajo.
El 90 % de los países africanos no tienen garantizados los derechos de tenencia de la tierra y por costumbre muchas mujeres rurales están excluidas de cualquier forma de propiedad, según la Organización de la ONU para la Alimentación y la Agricultura (FAO).
Para el asesor del Ejecutivo guatemalteco Walter Enríquez, las instituciones estatales deben estar más capacitadas, avanzar en la legislación agraria y promover mecanismos "innovadores" para desatascar las aproximadamente 1.400 disputas territoriales que hay en su país.
En Guatemala las autoridades se han inspirado en las directrices voluntarias para cambiar sus políticas de tierras, al igual que han hecho otros países como Kenia, Sierra Leona, Senegal, Mongolia y Filipinas.
El mismo instrumento se está empleando en Burundi, Somalia y Sudán para resolver conflictos, mientras que en Colombia se está implementando dentro de la reforma rural integral incluida por el Gobierno y las FARC en sus acuerdos de paz.
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