El Gobierno de Perú enviará una comisión de ministros hacia las regiones sur andinas de Apurímac y Cusco para intentar solucionar el conflicto de pobladores locales con la mina de cobre Las Bambas, una de las más grande del país, informó este miércoles el primer ministro Salvador del Solar.
El primer ministro detalló que la comisión estará integrada por los ministros de Transportes y Comunicaciones, Edmer Trujillo; Salud, Zulema Torres; y Desarrollo e Inclusión Social, Paola Bustamante, quienes intentarán recuperar los canales de diálogo con los manifestantes.
"Es nuestro deseo, no solo retomar el diálogo, sino llevarlo a una conversación verdaderamente importante sobre cuál es el desarrollo que queremos para toda la zona de influencia de la minera", aseguró Del Solar durante una rueda de prensa.
Cientos de agricultores de la comunidad de Fuerabamba, en Apurímac, mantienen bloqueado desde el 4 de febrero pasado el camino rural que atraviesa su territorio y que la empresa utiliza para transportar el mineral extraído del socavón.
Los comuneros exigen que la mina pague por el derecho de uso del camino y se quejan de que el 25 de mayo pasado fue declarado, sin consultarles, como vía nacional por el Ministerio de Transportes y Comunicaciones (MTC).
Las Bambas, operada por el consorcio australiano-chino MMG, se encuentra a más de 4.000 metros de altitud, en la provincia de Cotabambas y contiene reservas de 7,2 millones de toneladas de cobre y 12,6 millones de toneladas de recursos minerales.
La tensión se elevó en esa zona rural del sur peruano desde el pasado viernes, tras las detenciones de los dirigentes y asesores legales de los comuneros, estos últimos acusados por la Fiscalía de presunta extorsión contra la empresa.
Entre los detenidos están el presidente de Nueva Fuerabamba, Gregorio Rojas, el también dirigente Carlos Fernando Vargas y los hermanos Jorge y Frank Chávez Sotelo, quienes ejercían de asesores legales de la comunidad.
A los hermanos Chávez la Fiscalía de Criminalidad Organizada de la ciudad de Abancay les imputa un presunto delito de extorsión contra Las Bambas por valor de 100 millones de soles (unos 30 millones de dólares), según detalla la prensa local.
Al respecto, Del Solar aseguró este miércoles que el diálogo fue afectado por la presunta conducta "extorsiva" de los asesores y remarcó que el pedido de los comuneros de liberar a Gregorio Rojas le compete directamente al Poder Judicial.
"Ellos insisten en que debe liberarse al presidente de la comunidad, no está en manos del Ejecutivo, es una decisión del Poder Judicial. Mientras tanto, nuestros esfuerzos han continuado para que pueda haber una ventana de diálogo", sostuvo.
La Coordinadora Nacional de Derechos Humanos (CNDDHH) denunció la semana pasada "los intentos de criminalizar la defensa legal de la comunidades", aunque aclaró que no comparte la forma de diálogo y trabajo de los Chávez Sotelo.
La CNDDHH también dijo que es "imprescindible" evitar que se repitan los episodios de violencia de una protesta similar de 2015 y 2016, cuando en la zona murieron cuatro campesinos por disparos de arma de fuego hechos supuestamente por la Policía.
En medio de este conflicto, las comunidades del distrito de Chalhuahuacho, en la provincia de Cotabambas, iniciaron este miércoles un paro en solidaridad con Fuerabamba, que incluyó una marcha de protesta de cientos de campesinos y obreros hasta las puertas de la mina Las Bambas.
Por su parte, el vicepresidente de Asuntos Corporativos y Legales de la empresa MMG, Domingo Drago, declaró al diario El Comercio que si el bloqueo continúa la empresa puede dejar de aportar hasta 30 millones de soles (unos 9 millones de dólares) mensuales a 84 municipios de su área de influencia.
Agregó que si se paralizan las operaciones se afectará a la compañía y a la economía peruana, por su participación de 20 % en la producción nacional de cobre, además de a los cerca de 8.000 trabajadores dependientes de sus actividades.
Drago señaló, sin embargo, que MMG no aceptará pagar por el derecho de uso de la vía bloqueada, aunque dijo que mantiene su disposición a desarrollar proyectos de inversión social, que incluyan la contratación con empresas comunales.EFE
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