El Gobierno orienta a autonomías cómo deben repartir las ayudas de Plan Moves

El Gobierno ha informado hoy a las comunidades autónomas, en el marco del Consejo Sectorial de Energía, de los criterios de reparto de las ayudas del Plan Moves para la compra de vehículos alternativos y que tiene una dotación de 45 millones de euros para 2019.

Según ha informado en una nota el Ministerio para la Transición Ecológica, el reparto deberá hacerse de acuerdo con los criterios establecidos en el real decreto 72/2019, por el que se aprobaron las ayudas.

Así, entre un 20 % y un 50 % de la partida asignada irá a la adquisición de vehículos alternativos; y entre un 30 % y un 60 % a la implantación de infraestructuras de recarga.

De este último porcentaje, un mínimo del 50 % ha de dirigirse a puntos de recarga rápida o ultrarrápida.

La implantación de sistemas de préstamos de bicicletas eléctricas puede suponer entre un 5 % y el 20 % del presupuesto asignado, y el apoyo a planes de transporte en centros de trabajo pueden contar entre un 0 % y un 10 %.

Según el real decreto, las ayudas para la adquisición de vehículos están comprendidas entre los 700 euros para motos eléctricas y los 15.000 euros para la compra de camiones y autobuses con propulsión alternativa.

En el caso de los turismos eléctricos el dinero que se podrá obtener será de unos 5.000 euros.

Los incentivos para vehículos de gas se reservan para camiones y furgones.

En cuanto a los puntos de recarga eléctrica de vehículos eléctricos (públicos y privados) y a los sistemas de préstamos de bicicletas eléctricas, las ayudas serán de un 30 % o un 40 % del coste subvencionable, dependiendo del tipo de beneficiario, estableciéndose un límite de 100.000 euros.

La implantación de planes de transporte a los centros de trabajo solo se podrá costear con un máximo de 200.000 euros de ayuda, según el real decreto.

Pueden ser beneficiarios de las ayudas profesionales autónomos, personas físicas, comunidades de propietarios, empresas privadas, entidades locales y las entidades públicas vinculadas a ellas, las administraciones de las comunidades autónomas y otras entidades públicas de la Administración General del Estado.

Ahora las comunidades deben realizar la preceptiva convocatoria de las ayudas en sus respectivos territorios, que habrán de coordinar con el Instituto para la Diversificación y Ahorro de la Energía (IDAE).

En el real decreto, que entró en vigor el pasado 17 de febrero, se fijaba un plazo de dos meses -a contar desde esa fecha- para que los gobiernos autonómicos den concurrencia a las citadas ayudas.

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