El Consell regula el servicio de VTC y la patronal se considera "expulsada"

El Consell ha aprobado el decreto ley que regula el alquiler de vehículos con conductor (VTC) con una precontratación mínima de 15 minutos y la prohibición de geolocalización, una normativa que para el taxi es insuficiente pero fundamental y que para la patronal Unauto supone la expulsión del sector de la Comunitat.

Según ha informado la consellera María José Salvador en la rueda de prensa tras el pleno de este viernes, deberá quedar constancia de la contratación de los servicios de VTC en un registro de comunicaciones, con excepción de los que se deban realizar de forma inmediata como consecuencia de urgencias, emergencias y asistencia en carretera.

Los vehículos adscritos a las autorizaciones de arrendamiento de vehículos con conductor no podrán, en ningún caso, circular por las vías públicas en busca de clientela ni propiciar la captación de personas viajeras que no hubiesen contratado previamente el servicio.

Se considera captación de clientela la geolocalización, que permite a las personas usuarias ubicar con carácter previo la localización de estos servicios, y, por tanto, no se permite su utilización.

Tampoco se permite el estacionamiento en las vías públicas, debiendo estacionar en garajes o aparcamientos no ubicados en la propia vía pública, así como aparcar en lugares de concentración y generación de demanda de servicios de transporte como puertos, aeropuertos, estaciones de ferrocarril y de autobuses, centros comerciales y de ocio o instalaciones deportivas, entre otros.

El decreto ley se publicará en el Diario Oficial de la Generalitat Valenciana y entrará en vigor al día siguiente, a excepción del periodo mínimo de antelación en la contratación, que entrará en vigor en un plazo de dos meses como máximo, para facilitar el despliegue de las medidas técnicas adecuadas para su aplicación, tiempo que se considera de adaptación al registro telemático.

Además, deberá ser sometido a su convalidación por parte de la Diputación Permanente de Les Corts, que también tendrá la posibilidad de decidir si quiere tramitarlo como un proyecto de ley.

Según Unauto, la regulación aprobada supone la destrucción de más de 500 empleos más "los cientos" previstos para los próximos meses, e indemnizaciones de 166 millones a los titulares de las autorizaciones de VTC.

Unauto considera que el decreto podría incurrir en inconstitucionalidad, al ir contra el artículo 38 de la Constitución sobre libertad de empresa, y expulsa al sector de la Comunitat Valenciana.

La patronal de VTC señala que el plazo de aplicación de dos meses es "posponer el problema" pero permitirá al sector seguir operando durante ese tiempo mientras los conductores de VTC buscan un nuevo trabajo, según el presidente de Unauto Valencia, Ricardo González.

En la Comunitat existen 4.695 licencias de taxi por 377 de VTC, según datos ofrecidos por la Conselleria.

Por su parte, la Confederación de Taxistas Autónomos de la Comunidad Valenciana ha afirmado que las medidas regulatorias del decreto son "insuficientes" pero también fundamentales para la sostenibilidad de este sector.

Esta entidad asegura que las más de 7.000 familias que viven del taxi en la Comunitat Valenciana "contestarán con su voto" en las urnas el 28 de abril "a los gestos que haya tenido cada partido político" hacia el sector, según indica en un comunicado.

La entidad añade que los partidos políticos que están a favor de mantener el servicio público del taxi "deberán demostrarlo" convalidando el decreto de regulación de VTC en la Diputación Permanente de Les Corts.

La consellera Salvador ha argumentado que el Gobierno valenciano aprueba y tramita esta regulación para garantizar "espacios de convivencia" entre los VTC y el taxi y evitar situaciones de conflicto que generen un perjuicio a los usuarios, y ha recordado que es la quinta autonomía en dotarse de regulación sobre estos servicios, tras Aragón, País Vasco, Baleares y Cataluña.

Asimismo, ha asegurado que un informe de la Abogacía de la Generalitat refrenda cada medida aprobada y es "muy claro" al plantear que no concurre ninguna casuística que pueda generar derecho a indemnización, en alusión a una posible demanda por parte de la patronal Unauto.

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