El Congreso vota mañana la convalidación de las medidas para abaratar la luz

El Pleno del Congreso de los Diputados vota este jueves la convalidación del real decreto ley de medidas urgentes para la transición energética y la protección a los consumidores, que contiene las medidas que el Gobierno aprobó el pasado 5 de octubre para paliar los efectos de la subida de la luz.

La norma contiene la suspensión por seis meses del impuesto a la generación eléctrica del 7 %, que se aplica en el recibo de la luz, y la exención del impuesto especial de hidrocarburos, conocido como 'céntimo verde', para el gas destinado a producción eléctrica, así como la ampliación de los límites de consumo a los que se aplica el descuento del bono social eléctrico y crea un bono social térmico.

Con las dos medidas fiscales contempladas en el real decreto ley, el Ministerio para la Transición Ecológica prevé que se rebaje en torno a un 4 % la factura para un consumidor doméstico.

Estas medidas son temporales y se aplicarán durante seis meses, coincidiendo con el periodo de mayor demanda, un tiempo en el que el Gobierno irá trabajando en la reforma del mercado eléctrico y en la revisión de la fiscalidad que se aplica a la energía.

El Ejecutivo tiene previsto compensar la reducción de ingresos por la suspensión de esos dos impuestos con la transferencia de más recursos procedentes de las subastas de derechos de emisiones, hasta ahora limitadas a un máximo de 450 millones al año, e, incluso, utilizar el superávit acumulado del sector eléctrico para cubrir los desajustes de ingresos y gastos que surjan en 2018 y 2019.

El real decreto también eleva en un 15 % el límite de consumo al que se aplicaban los descuentos del bono social en la factura de la luz y el nivel de renta que se exige a las familias monoparentales para ser beneficiario del mismo.

Asimismo, amplía hasta el 31 de diciembre el plazo para que los que disfrutaban del anterior bono social soliciten el nuevo, que concluía el 8 de octubre, y crea el bono social térmico, una ayuda directa con cargo a los Presupuestos Generales del Estado (PGE), a diferencia de los descuentos del bono social que corren a cargo de las comercializadoras.

Esa ayuda para gastos de calefacción, agua caliente y cocina se abonará a todos los beneficiarios del bono social eléctrico que la soliciten y su cuantía, que variará en función del grado de vulnerabilidad del beneficiario y la zona climática en que esté su vivienda, será como mínimo de 25 euros.

Las ayudas estarán sujetas al límite de disponibilidad presupuestaria fijado cada año en los PGE y los beneficiarios del bono térmico -los consumidores del bono social eléctrico que haya a 31 de diciembre del año anterior al pago- recibirán la ayuda en un pago único anual.

El real decreto ley también prohíbe cortar el suministro por impago a familias donde haya al menos un menor de 16 años o personas con discapacidad o dependencia reconocida, y establece diferentes medidas para proteger a los consumidores, como la prohibición expresa de comercializar la electricidad y el gas "puerta a puerta".

La norma también introduce una serie de medidas estructurales encaminadas a facilitar la transición energética y abaratar el precio de la electricidad, como la eliminación de los cargos al autoconsumo, conocidos como "impuesto al sol", o la figura del gestor de carga, una de las barreras para la instalación de puntos de recarga para vehículos eléctricos en establecimientos y que dificultaba la extensión de estas instalaciones.

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