Una importante salida de depósitos y la consiguiente falta de liquidez financiera del Banco Popular precipitaron su intervención por el Mecanismo Único de Resolución europeo (MUR) y su posterior venta al Santander por la cifra simbólica de un euro. El martes, el Banco Central Europeo (BCE) determinó que la entidad presidida por Emilio Saracho sufría un deterioro significativo de liquidez y que sería incapaz de pagar en un futuro próximo sus deudas u otros pasivos.
La decisión adoptada por el BCE llevó a que el MUR y el FROB (Fondo de Reestructuración Ordenada Bancaria) aplicaran el procedimiento de resolución -es la primera vez que se usa este normativa desde que se aprobó en 2014- con el fin de que los accionistas y titulares de determinado tipo de deuda asuman las pérdidas y no se concedan ayudas públicas.
En virtud de ese proceso de resolución de entidades de crédito, los más de 300.000 accionistas del Banco Popular -grandes y pequeños- y los titulares de deuda subordinada y 'cocos' -obligaciones convertibles- han perdido toda su inversión. En el primer caso, con el agravante de que los títulos del Popular -excluidos de la Bolsa- habían perdido un 50% en la última semana. Las acciones del Popular tenían un valor al cierre del martes de 1.300 millones; el capital en 'cocos' ascendía a 1.263 millones y a 636 millones la deuda subordinada.
Al margen del impacto que, tanto en el caso de las acciones como en el de la deuda, supone esta compra para los inversores, la presidenta del Santander, Ana Botín, recalcó ayer que la operación tiene «un coste cero para los contribuyentes», porque al banco «no se le ha dado ninguna garantía pública» ni ahora, ni de cara al futuro.
Menos lastre en año y medio
Además, insistió en que el Santander ha comprado el Popular por un euro en un «proceso competitivo de subasta», pero asume todas las cargas y hará una ampliación de capital de 7.000 millones de euros que cubrirá el capital y las provisiones requeridas. Santander realizará provisiones adicionales para activos improductivos por 7.900 millones de euros, de los que 7.200 millones cubrirán activos inmobiliarios.
Eso llevará el nivel de cobertura del riesgo vinculado a la actividad inmobiliaria del 45% al 69%, por encima de la media del sector que es del 52%, lo que permitirá una venta más rápida de estos activos al poder bajar más el precio. Su objetivo pasa ahora por deshacerse de la mitad de la cartera inmobiliaria en un plazo que no debería sobrepasar los 18 meses, según indicó ayer Botín.
La cotización del Santander bajó un 0,88%, algo habitual siempre que se anuncia una ampliación de capital pues supone una dilución del valor para el accionista. Mientras, el resto del sector se vio beneficiado de la operación con alzas bursátiles que se acercaron al 5% en el caso de Bankia; al 2%, en BBVA; y al 1,5% en CaixaBank. En el proceso de ampliación de capital, las actuales acciones del Santander tendrán derecho de suscripción preferente en el aumento de capital. La corporación espera que la compra tenga un impacto neutral en el capital.
Lo primero que hicieron los nuevos gestores del Santander fue nombrar un nuevo consejo de administración del Popular, formado por cinco personas. El presidente de este órgano de dirección es José García Cantera, director financiero del Santander. Lo completarán otros dos profesionales del grupo -Javier García-Carranza y José Doncel-, así como otros dos perfiles independientes -Pedro Pablo Villasante y Gonzalo Tejuca-. Queda así fulminada la cúpula anterior, encabezada por el expresidente, Emilio Saracho, quien se ha embolsado cuatro millones de euros al fichar por la entidad en febrero, más un sueldo fijo anual de 1,2 millones. Sin embargo, se desconoce si la anterior directiva podría cobrar algún importe en concepto de indemnización, dependiendo de los blindajes y contratos que hubieran firmados.
Sinergias de 500 millones
Desde el punto de vista práctico, el banco prevé que la operación genere un retorno sobre la inversión de entre un 13% y un 14% en el año 2020. Se trata de una condición imprescindible que ya había adelantado el consejero delegado en la presentación de resultados trimestrales. También estiman un aumento del beneficio por acción en 2019.
Los cálculos del Santander vaticinan que la integración generará un ahorro de costes, a través de las sinergias entre ambas entidades, que podrían llegar a los 500 millones anuales a partir de 2020. Esa cantidad equivale, según sus cálculos, al 10% sobre la base de costes combinada correspondiente a 2017 o un 33% sobre la de Popular. En cualquier caso, unos 210 millones corresponderían al ahorro en la integración de las plataformas tecnológicas; 160 millones a gastos generales; y 130 millones a la red.
Ante la posibilidad de aplicar ajustes de oficinas y personal, José Antonio Álvarez aclaró ayer que aún «no hay un plan detallado» y que, en cualquier caso, se negociará con los representantes de los trabajadores. El importe del coste de la reestructuración podría ascender a 1.300 millones. De hecho, el banco reconoce que la operación tendrá impactos negativos en sus ingresos por el solapamiento de clientes, su apetito de riesgo y el mayor nivel de mora tras los ajustes de provisiones.
Los máximos responsables del Santander tampoco quisieron aclarar por dónde pasará el futuro de las participadas que tenía Popular, un proceso que se prolongará durante las próximas semanas, o meses.
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