Ecologistas en Acción ha mostrado hoy su "satisfacción por el impulso" de las investigaciones judiciales por el concurso de las minas de Aznalcóllar (Sevilla) "a pesar de la intensa resistencia que la Junta de Andalucía" para que se conozcan las "manipulaciones" que, a su juicio, se produjeron en el proceso.
La afirmación de Ecologistas se produce después de que la juez de instrucción 3 de Sevilla, Patricia Fernández, desestimara todas las alegaciones de las defensas de autoridades y funcionarios investigados y ordenara la investigación de sus correos electrónicos.
La asociación Ecologistas en Acción, que está personada en la causa judicial, explica en un comunicado remitido a Efe que el concurso acabó con la adjudicación "fraudulenta" en febrero de 2015 de la mina al Grupo Mexico-Minorbis, quien derivó los derechos mineros a la entidad Minera Los Frailes.
"Los hechos están demostrando que, una vez más, se sigue el patrón internacional de especulación y corrupción minera, donde hay empresas locales que actúan, a través de influencias políticas y corrupción de autoridades y funcionarios, como conseguidoras de permisos para empresas multinacionales", resume la asociación.
Ecologistas también subraya la importancia del auxilio que el juzgado ha solicitado a la Intervención General del Estado para que realice un dictamen completo sobre la validez de la normativa que regula el concurso público para la adjudicación de las actividades extractivas de explotación de los recursos mineros de Aznalcóllar.
El informe también debe incluir todo el procedimiento seguido desde la revisión inicial de solicitudes hasta la conformación de las sucesivas fases administrativas, comprendiendo los trabajos desarrollados por la Comisión Técnica y la Mesa de Contratación, recuerda Ecologistas.
"Desde Ecologistas en Acción mantenemos nuestro criterio de que desde la Junta de Andalucía se forzaron los procedimientos para que la adjudicación del concurso se resolviera antes de las elecciones andaluzas de marzo de 2015, con el único objetivo que Susana Díaz pudiera usarlo como baza electoral", asegura la asociación.
Por ello, consideran que el Gobierno andaluz "no dudó entonces en jugar con la extrema necesidad de empleo que sufre la zona de Aznalcóllar, pasando por encima de criterios ambientales y de seguridad de las personas, tal como ya hizo la propia Junta en 1998, cuando actuó como colaborador necesario para la rotura de la balsa de Boliden".
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