DO defienden en Asamblea volver a su estatus jurídico anterior con celeridad

El sector de las Denominaciones de Origen (DO) y de Indicaciones Geográficas de Calidad Agroalimentaria (IGP) ha defendido hoy en la Asamblea de Extremadura la vuelta al estatus jurídico anterior como corporaciones de derecho público y ha pedido "celeridad" en la modificación de la ley.

La Comisión de Políticas Agrarias de la Cámara ha retomado hoy las comparecencias de varios representantes de los consejos reguladores de estas entidades para expresar su opinión dentro del periodo informativo de la propuesta de ley de modificación de la Ley Agraria de 2015 y de derogación parcial y modificación de la norma que regula las DO e IGP, de 2010.

El representante del Consejo Regulador de la DO Torta del Casar Javier Muñoz ha defendido que una corporación de derecho público es la mejor figura jurídica para "proteger y defender" las denominaciones de origen, algo en lo que también han coincidido otros de los comparecientes.

Así, ha pedido "celeridad" y que se "agilice" la modificación de la ley para garantizar la estabilidad jurídica, pues ha explicado que en julio afrontan una auditoría y no quieren estar con "un cambio de personalidad jurídica de por medio".

Además, ha lamentado los años de inestabilidad que ha sufrido el sector tras la ley de 2010 debido a que "ningún" consejo regulador se convirtió en corporación de derecho público al no aprobar reglamentos ni estatutos, como pedía la ley, ni poder convocar elecciones.

Ha recordado que la modificación para convertirse en asociación o fundación era "profunda y delicada", y ha asegurado que se han mantenido las ayudas al sector en estos dos últimos dos años.

Por su parte, el representante del Consejo Regulador de la DO Quesos de la Serena Luis Donoso ha reprochado la falta de coordinación en un primer momento de elaboración de la ley, al no existir reuniones con todas las denominaciones de origen, y ha defendido también la vuelta a la anterior figura pública.

A este respecto, el representante de Corderex Raúl Muñiz ha considerado que no es la mejor figura, pero sí "la menos mala" dado que existen dificultades para formarse como asociación, y ha coincidido en pedir también celeridad en este proceso.

La propuesta de ley registrada en noviembre por el PSOE en la Asamblea regional pretende, según ha explicado su diputada María Teresa Macías, da respuesta a la demanda del sector de un cambio "rápido" de figura jurídica para estabilizar y dar seguridad a todos los procesos que tenían que acometer, desde las elecciones a la elaboración de los estatutos.

"Seguir avanzando para que no se cuestionara las decisiones del consejo regulador", preservar su composición paritaria y respaldar las actuaciones del sector productor son otras de las pretensiones.

Por su parte, el portavoz popular, José Antonio Echávarri, ha asegurado que la ley promulgada por el gobierno popular en 2015 no se hizo en contra del sector y ha lamentado que durante su tramitación no manifestara sus dudas, pues "no se dijo ni una palabra".

Asimismo, ha afirmado que si se el sector desea volver a ser una corporación de derecho público, se retorne a ese estatus.

Por otro lado, la portavoz de Podemos, Irene de Miguel, ha defendido su postura en contra de la tramitación por lectura única, pues había "tiempo suficiente" para su tramitación ordinaria y conocer así la opinión del sector, algo en lo que ha coincidido con el PP, aunque ha aclarado que apoyan esta modificación normativa.

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