Canal de Panamá entregará información al Estado tras demanda de Sacyr en ONU

El Canal de Panamá afirmó hoy que entregará toda la información disponible al Estado panameño para que este pueda defenderse de la demanda interpuesta ante la ONU por la constructora española Sacyr en relación al conflicto por sobrecostes en la construcción del tercer juego de esclusas.

"Vamos a tener que suministrarle mucha información porque somos los que tenemos la información que ellos necesitan", dijo el administrador de la ruta acuática, Jorge Luis Quijano.

La compañía española, que lideró el consorcio internacional que construyó el principal proyecto de la ampliación del canal, anunció la semana pasada que denunció al Estado panameño ante la Comisión de las Naciones Unidas para el Derecho Mercantil Internacional (UNCITRAL) por supuestos daños y prejuicios.

Sacyr explicó que con esa medida busca reforzar la protección de sus derechos, ya que considera que las actuaciones de Panamá violan algunas obligaciones incluidas en el acuerdo para la Promoción y la Protección Recíproca de Inversiones entre España y Panamá.

La medida adoptada por Sacyr, líder de Grupo Unidos por el Canal (GUPC), supone un paso más en el conflicto legal que mantiene el consorcio con el canal interoceánico por los sobrecostes en la construcción del tercer juego de esclusas, inaugurado en junio de 2016.

"No podemos evitar que Sacyr, como cualquiera, ponga una demanda al Estado porque hay un tratado para estos temas", reconoció Quijano en referencia a la UNCITRAL, el órgano jurídico del sistema de las Naciones Unidas en el ámbito del derecho mercantil internacional.

GUPC, integrado también por la italiana Impregilo, la belga Jan De Nul y la panameña CUSA, firmó en 2009 el contrato de construcción de las nuevas esclusas por 3.118 millones de dólares, pero el coste final ha resultado ser mucho más alto.

El contrato firmado en su día por el consorcio y la Autoridad del Canal de Panamá (ACP), el ente autónomo que gestiona la ruta acuática, establecía un sistema interno para revolver posibles disputas y que, en última instancia, contemplaba la posibilidad de recurrir a la Corte Internacional de Arbitraje de Miami (EE.UU.).

El pasado julio se conoció que el consorcio había elevado a la fase de arbitraje reclamaciones por valor de 5.393 millones de dólares (unos 5.393 millones de euros) y de los que quedaban por resolverse disputas por valor de 5.199 millones de dólares.

"Nosotros con Sacyr estamos en los arbitrajes, que es donde debe estar todo esto, sin embargo sabemos que el Gobierno ya ha contacto a sus abogados para defenderse y creo que han contratado a una buena firma para hacerlo", añadió el administrador.

La Cancillería panameña confirmó a Efe la semana pasada que el Gobierno había contrato al reconocido bufete Foley Hoag, con sede en Boston (Estados Unidos) y especializado en litigios y arbitrajes internacionales, para atender la demanda de Sacyr.

Por el canal, construido por Estados Unidos a principios del siglo pasado y traspasado a Panamá el 31 de diciembre de 1999, pasa cerca del 6 por ciento del comercio mundial y se conectan más de 140 rutas marítimas y 1.700 puertos en 160 países distintos.

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