Barbón pide prudencia ante investigación de las ayudas a centrales de carbón

El secretario general de la Federación Socialista Asturiana (FSA-PSOE), Adrián Barbón, ha pedido hoy prudencia ante la investigación de la Comisión Europea (CE) sobre las ayudas españolas a las centrales de carbón.

En declaraciones a los medios tras reunirse con representantes de los trabajadores de la central de Lada, Barbón ha considerado que, en este momento, cualquier interpretación de una investigación que abra la Unión Europea "lo complica todo más" y sirve para "alimentar rumores".

"Que abra una investigación no significa que sea luego negativa", ha señalado el socialista que ha relatado que cuando se aprobó el Real Decreto de Garantías de Suministro fue impugnado por comunidades autónomas ante los tribunales comunitarios y finalmente, no fue rechazado por parte de la UE.

El socialista, que ha mostrado su "rechazo absoluto" al anuncio de cierre de las centrales de Lada y Velilla, ha considerado que el Real Decreto en el que está trabajando el Gobierno "no puede tener efectos retroactivos".

Además, ha considerado que este Decreto "no sirve" para solucionar el problema del anuncio del cierre de Lada.

Así, ha pedido al ministro que "se deje de marear la perdiz y tome decisiones políticas" y ha advertido de que si el Gobierno renuncia a la planificación energética, los ciudadanos se preguntarán "para qué narices vale".

Barbón ha censurado que "una decisión empresarial quiera poner en jaque la continuidad de las centrales térmicas, que en este momento son fundamentales en la planificación energética del país y en la creación de empleo en el territorio" y más allá de la compañía, ha apuntado que le llaman "poderosamente la atención las declaraciones rimbombantes y grandilocuentes del ministro", que confrontan con la "poca acción" del Gobierno.

"Lo que decimos al Gobierno es que tiene que ejercer presión política real sobre la empresa y afrontar que no puede mirar hacia otro lado y que tiene instrumentos jurídicos para frenar este propósito y obligar a la empresa a poner en valor alternativas de otro tipo de manera conjunta con el Gobierno de España", ha zanjado.

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