El empresario vasco José María Aristrain, miembro de una saga familiar que ha controlado la industria española del acero durante décadas, tendrá que sentarse finalmente en el banquillo de los acusados. La Audiencia Provincial de Madrid. según han confirmado fuentes jurídicas, ha desbaratado su último intento por frenar un juicio donde se enfrentará a una docena de presuntos delitos fiscales que sumarían un posible fraude a la Hacienda Pública de 210 millones de euros.
Queda así despejado el camino para que Fiscalía y Abogacía del Estado presenten sus escritos respectivos de acusación, en los que pedirán un mínimo de 12 años de prisión por el alto número de infracciones, además de una multa que podría llegar multiplicar por seis la suma que habría dejado de ingresar al fisco. Así las cosas, a Aristrain solo le quedaría ya tratar de negociar 'in extremis' un acuerdo de conformidad con ambas para aceptar una condena mínima a cambio de una compensación sustancial a las arcas públicas, o bien arriesgarse a una pena importante si es condenado.
El siguiente paso sería la apertura de juicio oral en los juzgados de la localidad madrileña de Pozuelo, donde según la Policía Judicial (UDEF) y la Agencia Tributaria (ONIF) el millonario vasco seguiría teniendo su «domicilio habitual». Su defensa habla de «problema administrativo» entre dos países pero los magistrados creen que el traslado de residencia fiscal a Gstaad (Suiza), donde tiene un lujoso chalé, se habría realizado "ficticiamente, según las normas tributarias».
La Oficina Nacional de Investigación del Fraude (ONIF) lo argumenta, entre otras cosas, en sus consumos elevados de gas y electricidad, que lejos de bajar incluso aumentaron en algún año (13.000 euros anuales de media entre 2005 y 2007 frente a cerca de 19.500 en 2008), al igual que los gastos en alimentación «permanecen en importes similares». También hacen referencia al «apreciable consumo (de carburante) que realiza en jets privados para sus desplazamientos» en esos mismos años entre Madrid y Ginebra, e incluso el desembolso que mantuvo en los servicios de seguridad de su casa madrileña aunque en teoría ya no residía en ella.
Los abogados de Aristrain aducen que el polémico cambio de domicilio fiscal se debió a una amenaza en nombre de ETA que recibió a finales de 2003 y fue comunicado entonces. Sin embargo, la Fiscalía y la Abogacía del Estado sostienen que no consta en los registros oficiales hasta el ejercicio fiscal de 2009, de modo que su falta de tributación en los años anteriores no prescritos podría ser considerada delito.
Entramado en Luxemburgo
Por ello se le imputa haber dejado de declarar en España -donde mantiene varios inmuebles en el barrio madrileño de Salamanca, un palacete en el centro Sevilla y una finca extensa en Cáceres, además de una ganadería de toros, un yate y varios automóviles de lujo, antiguos y nuevos-, por IRPF y Patrimonio entre 2006 y 2009, con una cuota de prácticamente 10 millones. El resto del presunto fraude correspondería a su entramado societario, pues está acusado de crear una firma instrumental en un paraíso fiscal para tributar allí por sus acciones en ArcelorMittal (casi el 3% del capital), que obtuvo tras la fusión de ambas compañías en 2006.
Esos títulos están incluidos en una sociedad 'vehículo' radicada en Luxemburgo (JMAC), aunque fue creada por la propia Corporación JM Aristrain, que a su vez sirve de paraguas para englobar los negocios e inversiones del empresario. Fueron traspasados desde España hace más de 15 años y, según los abogados del industrial, la operación contó entonces con la anuencia tanto de la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) como del Ministerio de Economía.
En la Agencia Tributaria, sin embargo, sostienen que la transmisión no se hizo de forma correcta y dado que su propiedad real corresponde a un contribuyente español éste debería haber declarado las acciones en el impuesto de sociedades, al menos hasta que oficialmente cambiara de residencia fiscal. Por eso le imputan una cuota de casi 132 millones presuntamente defraudados (por las dos corporaciones citadas) entre 2005 y 2009, a los que habría que sumar otros 69 millones de otra firma aparentemente instrumental que la justicia vincula con él: International Cars.
De 54 años de edad y origen guipuzcoano, José María Aristrain llegó a ser mencionado en los llamados 'papeles de la Castellana, publicados desde el portal Filtrala, por haber escondido supuestamente junto a familiares suyos (primero su padre, ya fallecido, y luego su hermana) sumas multimillonarias en Liechtenstein y Suiza, aún considerados paraísos fiscales desde distintas instancias. Además, figuraba hasta 2015 en la 'lista Forbes' de las personas más ricas del mundo (cuenta con algo más de 1.800 'miembros'), cuyo requisito para formar parte es tener activos por más de 1.000 millones de dólares (902 millones de euros al cambio actual).
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