550 millones en juego en las autopistas españolas

Abertis ve peligrar este beneficio bruto anual si el Ministerio de Fomento mantiene su intención de licitar las concesiones según vayan venciendo

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Uno de los puntos que los responsables de Atlantia han tenido en cuenta a la hora de valorar qué oferta presentaban finalmente por Abertis es qué pasará con las autopistas de peaje que gestiona hoy en día en España. Y es que si el Ministerio de Fomento mantiene sus planes cambiarán de manos en los próximos años o, al menos, resultarán menos rentables para las arcas del grupo.

«Insisto en que no vamos a prorrogar las concesiones existentes»,. señalaba la semana pasada el titular de esa cartera, Iñigo de la Serna. En el próximo lustro expira el plazo para cinco de ellas -antes, el 1 de septiembre próximo, el Consell de Mallorca se hará cargo del túnel de Sóller (que había llevado construido y llevado Globalvía)-, y precisamente en cuatro la gestión corresponde a Abertis.

Se trata del tramo Tarragona-Alicante de la AP-7 (vence en 2019), el que enlaza Barcelona con La Jonquera y Tarragona (2021), la AP-4 entre Sevilla y Cádiz (2019) y la AP-2 Zaragoza-Mediterráneo (2021). Además, Fomento y la concesionaria catalaSna mantienen un contencioso sobre las compensaciones por la caída de tráfico en la AP-7, donde Abertis ganó en marzo una primera batalla judicial -el TSJ de Madrid le ha reconocido su derecho a cobrar 1.494 millones- pero el Gobierno ha recurrido ante el Tribunal Supremo.

Son varios aspectos que la multinacional italiana ha considerado para no disparar el precio de su OPA. Y es que con arreglo a las últimas cuentas de la compañía española, Abertis se juega hasta 554 millones en términos de beneficio bruto de explotación (ebitda) si terminara perdiendo las cuatro concesiones de vías de pago referidas. Hablamos de una quinta parte de las ganancias del grupo antes de considerar intereses, impuestos, depreciaciones y amortizaciones y, además, del 60% de su negocio español de autopistas.

Abertis, en cualquier caso, podría volver a hacerse con ellas si el Gobierno convoca a nuevos concursos, pero sería a un coste mayor que ahora.

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