La ministra de Hacienda, María Jesús Montero, ha advertido este martes de que el proyecto de Presupuestos Generales del Estado (PGE) para 2019 conlleva una renta indirecta en forma de prestaciones y servicios públicos equivalente a 4.174 euros por ciudadano, que se podría perder si las nuevas cuentas son devueltas, lo que podría elevar el déficit público "al 2,2% o el 2,4% del PIB", frente al objetivo actual del 1,3% del PIB.
UPA ha calificado de "absurda" la norma que obliga a los trabajadores agrícolas a pasar revisiones médicas con cada contratación, ya que, en su opinión, está generando "grandes problemas" a los agricultores del sector hortofrutícola.