Las fuerzas políticas detectan problemas de acceso a la vivienda, tanto en venta como en alquiler, y presentan ideas para ampliar el parque y, de esta manera, poner freno a la escalada de los precios.
La Sala entiende que después de valorar las pruebas practicadas en el juicio, no se han podido acreditar las acusaciones y, por tanto, ante las dudas sembradas, debe primar el principio de in dubio pro reo.