La Comisión Europea y el Banco Central Europeo (BCE) creen que las entidades financieras españolas podrían repercutir en los clientes la nueva "carga" que supone asumir el pago del Impuesto sobre Actos Jurídicos Documentados (AJD), ya sea a través de nuevas tasas o elevando los tipos de interés, así como que podría reducir el crédito.