UGT en Castilla-La Mancha ha solicitado mediante un escrito al presidente de la Junta de Comunidades, Emiliano García Page, utilizar la vía recogida en el acuerdo estatal para recuperar de forma inmediata la jornada de 35 horas semanales para los empleados públicos de la región.
Según ha informado el sindicato en un comunicado, los servicios jurídicos de UGT consideran un "riesgo innecesario" aplicar este acuerdo estatal mediante una ley, ya que dicho acuerdo solo permite aplicarlo con la modificación de los calendarios laborales, algo que según la formación, es mucho más rápido y eficaz.
UGT ha advertido de que el planteamiento del Gobierno regional de aprobar una ley para volver a la jornada de 35 horas semanales es "idéntico al que se eligió en el año 2016" y que posteriormente fue anulado por el Tribunal Constitucional.
"Las modificaciones introducidas en la Ley de Presupuestos permiten a las Administraciones Públicas recuperar la jornada de 35 horas a través de la modificación de los calendarios laborales pero, la Ley de Presupuestos fija la jornada en 37,5 horas, por lo que cualquier ley que se apruebe en las comunidades autónomas con 35 horas seguiría siendo contraria a la jerarquía normativa y podríamos vernos nuevamente en la misma situación que en 2016", ha indicado el secretario de organización de FeSP-UGT Castilla-La Mancha, José Manuel Pinillos.
La Federación de Empleados de los Servicios Públicos de UGT en Castilla-La Mancha ha confiado en que el Gobierno regional cambie de criterio y García-Page "dicte instrucciones para aplicar la jornada de 35 horas de forma inmediata sin modificaciones legislativas que la pondrían nuevamente en peligro".
Junto con la jornada, el sindicato ha solicitado al presidente regional, en el mismo escrito, que se aplique la subida salarial, la recuperación del complemento retributivo en situaciones de incapacidad temporal y que se materialice la bolsa de horas de flexibilidad para cuestiones relacionadas con la conciliación que se incorporó al Plan Concilia y que ha sido autorizada por el acuerdo estatal.
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