Gobierno dice que sindicatos quieren imponer un "desorden general" en Brasil

El ministro de Justicia de Brasil, Osmar Osmar Serraglio, afirmó que la huelga convocada para hoy por gremios obreros contra reformas que impulsa el Gobierno es un "fracaso" y negó que el país esté paralizado por quienes quieren un "desorden general".

Serraglio afirmó a la radio JovemPam que "en Brasil no hay una huelga general", pues "el comercio está funcionando, las industrias están funcionando y los trabajadores están acudiendo a sus puestos de trabajo", aunque admitió que muchos no pudieron hacerlo por la adhesión en muchas ciudades de los gremios del transporte.

Afirmó que "si bien la protesta es un derecho democrático, impedir que las personas se dirijan a su trabajo no lo es", así como aseguró que algunos grupos están aprovechando esta jornada para generar situaciones de violencia.

"Estamos viendo piquetes, bloqueos en varias partes del país, pero la policía está siendo muy eficiente" en la represión a los revoltosos, sostuvo Serraglio.

Según el ministro, "no ha habido una asamblea de trabajadores en la que se haya deliberado sobre la huelga", que "es una imposición que viene de arriba y la población lo percibe".

En su opinión, la paralización es una reacción de las cúpulas gremiales a una reforma laboral que tramita en el Congreso y, entre otros puntos, propone eliminar la llamada "contribución sindical obligatoria", mediante la cual se le descuenta un día anual a todos los trabajadores, que acaba en las arcas de los sindicatos.

"No hay huelga. Lo que hay es un desorden general", producto de la "insatisfacción de quienes están perdiendo la fuente de recursos con que manipulan la opinión de los trabajadores", sostuvo.

Según los sindicatos, la huelga ha sido convocada contra una serie de reformas impulsadas por el Gobierno de Michel Temer y en especial contra una que afecta al sistema de jubilación y propone aumentar la edad para acceder a ese beneficio.

También alimenta el descontento una reforma laboral, ya aprobada en primera instancia en la Cámara de Diputados, que pudiera abaratar la mano de obra, darle carácter formal a convenios colectivos aún cuando no se ajusten a la ley y eliminar la contribución obligatoria de los trabajadores a los sindicatos.

Asimismo, incide otra reforma ya sancionada por el Gobierno, la cual permite que las empresas conviertan a todos sus empleados en personas jurídicas o prestadores de servicios para todo tipo de actividad.

Según los sindicatos y hasta el Ministerio Público del Trabajo, esas iniciativas atentan contra derechos que están "consagrados" en la Constitución y suponen un "retroceso" que anula "conquistas históricas" de los trabajadores.

El Gobierno sostiene que esas medidas son claves para "modernizar" la legislación laboral, transmitir confianza a los inversores, impedir la quiebra del deficitario régimen de pensiones y jubilaciones y devolver así el equilibrio a la maltrecha economía del país, sumergida desde 2015 en una profunda recesión.

También sostiene que esas medidas permitirán combatir en forma efectiva el desempleo, que según informaron hoy fuentes oficiales llegó en el primer trimestre de este año al 13,7 %, lo que supone que 14,2 millones de brasileños están sin trabajo.

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