G.Vasco destinará un 50 % más a ayudas familiares para impulsar la natalidad

El Gobierno Vasco incrementará a lo largo de esta legislatura hasta en un 50 % las ayudas a las familias para aumentar la natalidad y contrarrestar el progresivo envejecimiento de la población, para lo que también incentivará el "relevo generacional" en el mercado de trabajo.

Así lo ha anunciado hoy la consejera de Empleo, Política Social y Juventud, Beatriz Artolazabal, durante su comparecencia en el Parlamento Vasco para exponer las líneas generales de actuación de su Departamento durante esta legislatura.

El Ejecutivo "apoyará" con un "énfasis especial" a los vascos que quieran tener hijos y aumentará hasta en un 50 % el dinero destinado a "garantizar los recursos económicos mínimos" a las familias con vástagos y las ayudas para excedencias en caso de niños de hasta 1 año y para reducciones de jornada en familias con necesidades especiales, numerosas, monoparentales y con discapacitados.

Ha reconocido que este incremento presupuestario "no es la solución al problema" porque lo que realmente hace falta es un "cambio de mentalidad en la sociedad" para facilitar una verdadera conciliación y que la corresponsabilidad de ambos progenitores en el cuidado de los niños y en las tareas domésticas sea "al 50 %" porque ése es el mejor modelo para fomentar la natalidad.

La consejera ha defendido además un cambio de horarios laborales que ayude a los padres a pasar más tiempo con sus hijos y ha desvelado que ya tiene concertadas reuniones con Confebask y con los sindicatos para tratar de acercar posturas en este tema.

En su intervención, Artolazabal, que ha vuelto a pedir la transferencia a Euskadi de la gestión del régimen económico de la Seguridad Social, ha reiterado los principales objetivos de su Departamento para 2020: situar el porcentaje de paro por debajo del 10 % y reducir la tasa de pobreza en un 20 %.

La creación de empleo será por tanto "uno de los pilares", al igual que la mejora de las condiciones laborales y salariales, y la reducción de la temporalidad.

Para avanzar en este objetivo antes de junio se presentará un programa marco de empleo que incluirá acciones específicas para jóvenes, mujeres y parados de larga duración, planes renove en la construcción, medidas de apoyo al emprendimiento y al comercio local, planes locales y comarcales, así como acciones de formación para el empleo y de aprendizaje permanente.

En este contexto, el Servicio Vasco de Empleo-Lanbide debe "afianzarse" como herramienta de intermediación laboral y "acercarse" a las empresas de manera que detecte más fácilmente sus necesidades de puestos de trabajo.

La próxima reforma de Lanbide, una vez superado el "hándicap" de la gestión de la Renta de Garantía de Ingresos (RGI), también deberá servir para ofrecer una "atención integral" a los demandantes de empleo e "itinerarios individualizados" en ese proceso.

En la actualidad el índice de intermediación laboral de Lanbide es del 3,2 %, con lo que no se ha cumplido el objetivo del 5 % marcado por el Gobierno, según ha reconocido la consejera, quien no obstante ha valorado que este porcentaje es el mayor de todas las autonomías salvo Extremadura y Andalucía, que gestionan planes de empleo agrarios.

Este índice "no es suficiente" pero "la tendencia es buena", ha constatado Artolazabal, al tiempo que ha asegurado que no caerá en la "autocomplacencia" en este tema.

La consejera se ha referido también a la modificación de la ley que regula la RGI, un debate que se iniciará en el Parlamento en un plazo aproximado de 5 meses, cuando el Gobierno Vasco concluya su diagnóstico sobre el funcionamiento de esta ayuda.

La consejera ha puesto en valor que en la última legislatura se han incrementado los controles sobre esta prestación y se han reclamado los "cobros indebidos y fraude" detectados, aunque estos "no llegan ni al 1 %" de todas las prestaciones concedidas.

Ha defendido la decisión del Gobierno Vasco de aumentar la RGI en función del IPC y no del Salario Mínimo Interprofesional -que este año subirá de forma "extraordinaria" un 8 %- porque se mantiene el poder adquisitivo de los beneficiarios, se "garantiza que la perciban todos los que la necesitan" y permite la sostenibilidad del sistema.

Ha argumentado además que tener un trabajo debe suponer una mejor situación que la percepción de prestaciones sociales para evitar de esta manera "situaciones de cronificación".

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