Las Cortes instan a incorporar a subcontratas en el plan de transición minero

Las Cortes de Castilla y León han aprobado este miércoles por unanimidad de toda la Cámara instar a la Junta a que exhorte al Gobierno de España a incorporar a las contratas y subcontratas dependientes de empresas energéticas al Acuerdo Marco para una Transición Justa de la Minería del Carbón.

El encargado de defender esta iniciativa en forma de proposición no de ley durante la sesión plenaria ha sido el portavoz del Grupo Podemos, Pablo Fernández, quien ha presentado en su turno de cierre en el hemiciclo una propuesta convenida ayer entre todos los Grupos Parlamentarios con representantes de estas empresas subcontratadas.

Concretamente, la iniciativa aprobada por el Parlamento autonómico también insta a la Junta a pedir al Gobierno Central que dichos empleados de las contratas y subcontratas energéticas sean los que tengan prioridad en los futuros trabajos de cierre y desmantelamiento, así como de posibles desarrollos de nuevas instalaciones en las cuencas mineras.

Sin embargo, al margen de sacar esta iniciativa adelante, el debate de esta proposición ha estado caracterizado, como ha ocurrido en diversas ocasiones a lo largo de la legislatura en materia de minería, por el cruce de reproches entre los Grupos parlamentarios sobre quien ha propiciado el cierre de las cuencas en la Comunidad.

En este sentido, tanto el procurador del Grupo Popular, Juan José Sanz Vitorio, como el portavoz del Grupo Podemos, Pablo Fernández, han criticado un proceso de transición energético liderado por el Gobierno de Pedro Sánchez que ambos han catalogado de "injusto", aunque por diversos motivos.

Así, mientras que el interviniente popular ha acusado al Gobierno de querer "acabar" con las cuencas mineras de la Comunidad, mientras que en otros países como Alemania o Polonia han acordado seguir quemando carbón hasta más allá del 2035, su homólogo de Podemos ha criticado que esta transición ha dejado "abandonados" a los trabajadores de las empresas subcontratadas.

A estas críticas también se ha sumado el procurador del Grupo Cs Manuel Mitadiel, quien, no obstante, también ha acusado al Gobierno autonómico el haber puesto durante años "todos los huevos en la misma cesta", mientras que ha defendido que se debería de haber apostado más por "el día después" de la minería.

En defensa de este Acuerdo Marco para la transición energética justa de las cuencas mineras del Gobierno se ha posicionado la procuradora del Grupo Socialista Gloria Acevedo, quien ha afeado al resto de formaciones el no haber defendido a estos trabajadores subcontratados en instancias europeas cuando se debatió este asunto.

Finalmente, también en apoyo de estos trabajadores se han posicionado tanto el portavoz de IU-Equo, José Sarrión, como el de la UPL, Mariano Santos, quienes han acusado al Gobierno de España de haber apostado por la descarbonización sin haber estudiado antes una salida profesional para sus trabajadores.

Sin embargo, el momento más tenso del debate se ha vivido cuando desde la bancada socialista su procurador Pedro González ha proferido un insulto en contra del interviniente en esta proposición, el portavoz del Grupo Podemos, Pablo Fernández, quien estaba en uso de la palabra cuando ha escuchado cómo el socialista le ha llamado "imbécil de marca mayor".

Este insulto ha provocado que la propia presidenta de las Cortes, Silvia Clemente, haya rogado al socialista que retirara el insulto, algo que González no ha hecho, lo que ha propiciado que la presidenta le haya llamado al orden y amenazado con expulsar del hemiciclo.

Al término de este debate, el representante de estos trabajadores subcontratados -algunos han estado presentes hoy en el hemiciclo-, Alfredo Peláez, ha agradecido la celeridad de las Cortes para tramitar esta propuesta que afecta a cerca de 180 trabajadores de varias empresas dependientes de las grandes compañías energéticas, como Endesa.

Sin embargo, el representante ha rogado al Gobierno de España que acometa una transición "realmente justa", que a los mayores de 55 años les ofrezca una buen cierre de su vida profesional y a los jóvenes se les facilite una reubicación.

Finalmente, en apoyo a los trabajadores de estas subcontratas de la central leonesa de Compostilla han estado varios extrabajadores de la central de Anllares, cerrada recientemente y que ha dejado sin trabajo a casi una cuarentena de empleados "sin ninguna salida profesional", ha lamentado ante los medios José Crespo, uno de los trabajadores despedidos.EFE

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aam/jam

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