Impiden una explotación minera por afectar al Parque Regional de Carrascoy

La Sala de lo Contencioso del Tribunal Superior de Justicia (TSJ) de la Región de Murcia ha desestimado el recurso[…]

La Sala de lo Contencioso del Tribunal Superior de Justicia (TSJ) de la Región de Murcia ha desestimado el recurso presentado por una empresa contra las limitaciones impuestas por la administración regional para una explotación minera que se proyectaba sobre unos terrenos ubicados en Alhama por afectar al Parque Regional de Carrascoy.

La sentencia, a la que ha tenido acceso Efe, señala que la resolución de la dirección general de Energía y Actividad Industrial y Minera de abril de 2016 aprobó el pan de labores presentado por la empresa, pero condicionado al cumplimiento de una serie de prescripciones.

En concreto, se indicaba que las labores de explotación se ajustarían en todo momento al proyecto de explotación autorizado y al cumplimiento de las obligaciones ambientales establecidas en las autorizaciones o licencias de las que dispusieran.

Para añadir que "siempre y cuando no excedan en ningún momento la zona de uso minero del Plan de Ordenación de los Recursos Naturales del Parque Regional de Carrascoy y El Valle".

Igualmente se indicaba que la empresa tendría tres meses para presentar un nuevo plan de restauración que se ajustara a la normativa vigente y un nuevo proyecto de explotación específico.

Señala la sentencia del TSJ que la Comunidad Autónoma alegó al oponerse a la estimación del recurso, en el que se indicaba que el plan de labores presentado por la empresa estaba aprobado por silencio administrativo, que el nuevo proyecto de explotación incluía zonas que ya habían sido denegadas en anteriores planes.

Además, exponía que el proyectado suponía una transformación de la realidad física y biológica del espacio afectado, parte del cual está incluido en el Lugar de Interés Comunitario (LIC) de Carrascoy y el Valle.

Para la Comunidad Autónoma, según se indica en la sentencia del TSJ que desestima el recurso de la empresa, los condicionantes impuestos en la aprobación del plan de labores de 2016 respondían a lo previsto en la normativa vigente.

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