Los taxistas riojanos respaldan la huelga nacional ante "un futuro muy negro"

Los taxistas riojanas respaldan la huelga indefinida iniciada este lunes por sus compañeros de Madrid y la protesta que desarrollan desde hace cuatro días en Barcelona ante la perspectiva de "un futuro muy negro", sobre la regulación de los vehículos de alquiler con conductor (VTC).

Así lo ha detallado a Efe el presidente de la Asociación de Taxistas de La Rioja (ATRIO), Javier Vallilengua, quien ha explicado que mañana se reunirá en asamblea por videoconferencia con representantes de otras entidades del resto de España, que pertenecen a la Asociación Nacional del Taxi.

Esta entidad nacional, integrada en la Mesa Nacional del Transporte, es interlocutora directa con el Ministerio de Fomento, ha aclarado.

Si en la asamblea de mañana la Asociación Nacional del Taxi decide secundar la huelga indefinida en las 16 provincias en las que cuenta con representación, Vallilengua ha matizado que esta protesta "se tendrá que consensuar después" con los taxistas riojanos.

En La Rioja hay actualmente 170 licencias de taxi, pero del sector viven unas 200 familias, ya que, aparte de los taxistas titulares, hay asalariados y operadoras de radio.

En cuanto a los VTC, la normativa prevé una licencia VTC por cada 30 de taxi, lo que se traduce en La Rioja en seis licencias tradicionales VTC, pero ha precisado que hay 66 y se va a pasar a tener 95.

"Nosotros tenemos una autorización de transportes y una licencia municipal, por la que pagamos cientos de miles de euros, los VTC no están regulados y solo pagan 36 euros por su autorización, lo que impide competir en las mismas condiciones", ha lamentado.

En España existen 70.000 licencias de taxi, pero 100.000 familias verían "peligrar su puesto de trabajo", ha asegurado.

A su juicio, la liberalización del sector supone "un problema de orden público", que afecta a los autónomos y a las microempresas, para "beneficiar a doce o catorce personas".

Las empresas VTC carecen de regulación, ha recalcado, por lo que si hubiera una alta demanda de clientes podrían elevar los precios hasta cinco o seis veces, lo que perjudicaría a los usuarios.

Además, ha asegurado que perjudican a la Hacienda Pública, porque ha dicho que los VTC utilizan empresas pantalla, de modo que solo declaran los gastos en España y después se les devuelve dinero, como ha ocurrido este año con Cabify.

Por otro lado, esa liberalización del sector también afectaría a los propios trabajadores de estas empresas, quienes estarían obligados a trabajar más horas de las contratadas, sin cobrar dietas, además de pagar los gastos del vehículo en caso de accidente de tráfico.

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