El Gobierno defiende que el expediente de venta a fondos buitre fue "legal"

El vicepresidente regional, Pedro Rollán, ha dicho que el Gobierno "se felicita" ante la petición de la Fiscalía de archivar la causa penal de la venta de 2.935 viviendas del Instituto de la Vivienda de Madrid (Ivima) a un fondo buitre, porque refleja que el expediente "se había ceñido a la legalidad".

Tras visitar el municipio de El Boalo para supervisar el avance de las obras de construcción de la nueva piscina municipal, Rollán ha hecho hincapié en que el actual presidente autonómico, Ángel Garrido, ya ha dicho que "no habría compartido esa decisión política" de vender las viviendas al fondo buitre.

No obstante, ha señalado que, en lo que se refiere a la tramitación legal, esta petición de la Fiscalía pone de manifiesto que el expediente respetaba la legalidad.

Además, ha recordado que esta es la segunda vez que la Fiscalía se pronuncia así, porque el fiscal que inicialmente instruyó el expediente tuvo la misma consideración.

En diciembre pasado, la Sección de Delitos Económicos de la Fiscalía Provincial de Madrid solicitó al juzgado de Instrucción número 48 de Madrid el archivo de la causa promovida por las familias afectadas por la venta en 2013 de 32 promociones de vivienda pública por el Instituto de la Vivienda de Madrid (Ivima) a un fondo de inversión.

Esta mañana, decenas de personas afectadas por la venta de estas viviendas se han manifestado ante los juzgados de Plaza de Castilla para protestar contra la petición de la Fiscalía de archivar la causa penal relativa a este caso.

La Asociación de Afectados por la Venta de Viviendas del Ivima (AVVI) y la Federación Regional de Asociaciones de Vecinos de Madrid (Fravm) se han quejado por la sustitución del fiscal que investigaba anteriormente el caso, que consideraba que el proceso de venta estuvo "trufado de irregularidades", por otro de "línea conservadora", que ha solicitado el archivo de la causa.

La querella presentada por la AVVI y el PSOE acusaba de sendos delitos de prevaricación y malversación de fondos públicos a dos exdirectivos del Ivima: Ana Gomendio, que era directora de la entidad en el momento de la venta, y Juan Van-Halen, que dimitió de su cargo como director general de Arquitectura y Vivienda del Ministerio de Fomento cuando comenzó a ser investigado.

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