Castilla y León pide más plazos e incentivos para la transición ecológica

Las Cortes de Castilla y León han pedido más tiempo e incentivos para hacer efectiva la prohibición de la venta de vehículos de gasolina y gasóleo que el Gobierno de España, a través del borrador de la futura Ley de Cambio Climático y Transición Energética, proyecta con plazos concretos ya anunciados.

"El Gobierno ha impuesto una política de erradicación absoluta de toda la industria relacionada con los combustibles fósiles", incluida la minería del carbón, "abrazando una bandera verde" que en el caso de Castilla y León "no ha tenido en cuenta a los ciudadanos ni a la economía", ha lamentado el procurador Raúl de la Hoz (PP).

En caso de cumplirse los plazos diseñados por el Gobierno central, "el año que viene no tendremos ni minas ni centrales térmicas en Castilla y León, algo impensable hace años", ha reflexionado De la Hoz durante la exposición y defensa de su propuesta de resolución.

"Son decisiones extraordinarias para toda la sociedad y el empleo de Castilla y León", ha añadido al argumentar una propuesta que ha sido aprobada principalmente con los votos del Grupo Popular y, con matices, de los de Cs y del Grupo Mixto.

Castilla y León fue en 2017 la comunidad autónoma que fabricó el mayor número de vehículos, en torno a 600.000 unidades, un veintitrés por ciento de la producción nacional, por lo que la prohibición del Gobierno central pone en riesgo, según De la Hoz, a más de 50.000 empleos, 14.000 de ellos vinculados a las plantas de fabricación de Valladolid y Palencia.

Los restantes 36.000 puestos de trabajo corresponden a las fábricas de componentes e industria auxiliar, "que tienen un importante peso en la comunidad autónoma, especialmente en las provincias de Ávila y Burgos", ha subrayado durante su intervención.

Manuel Mitadiel (Cs) ha considerado la necesidad de "acabar con la contaminación del aire y la reducción de gases de efecto invernadero", pero por otra parte se ha mostrado partidario de "plazos realistas, no improvisaciones" en la aplicación de medidas como las previstas por el Gobierno de España.

Los representantes de Podemos y PSOE han desnudado las contradicciones que a su juicio supone ahora el interés del PP en defender la minería del carbón cuando no puso los medios para ello durante su estancia en el Gobierno central.

Raúl de la Hoz (PP) ha aclarado que su grupo parlamentario "no está en contra de la transición ecológica", sino de un plazo más largo en su aplicación, así como de planes alternativos e incentivos para compensar la desindustrialización de las zonas afectadas.

La propuesta aprobada pide al Gobierno la retirada de la prohibición de la venta de vehículos de gasoil y gasolina a partir del año 2040, y que la sustituya por medidas para incentivar la adquisición y fabricación de vehículos menos contaminantes.

Ha reclamado también la rectificación de la política energética con el compromiso, a corto y medio plazo, de contar con todas las energías disponibles en el mix energético nacional, especialmente con el carbón autóctono de Castilla y León.

Por último, otro de los puntos, solicita al Ejecutivo central que revoque su decisión de establecer el año 2025 y sitúe el de 2030 como fecha límite de la actividad de las centrales térmicas existentes en todos el país.

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