El Govern avisa que la medida de pisos sociales es "jurídicamente inviable"

Los servicios jurídicos y técnicos de la Generalitat ven "jurídicamente inviable" la normativa impulsada por el Ayuntamiento de Barcelona para[…]

Los servicios jurídicos y técnicos de la Generalitat ven "jurídicamente inviable" la normativa impulsada por el Ayuntamiento de Barcelona para que el 30 % de las nuevas promociones se destinen a vivienda social.

Así lo ha afirmado hoy el conseller de Territorio y Sostenibilidad, Damià Calvet, que ha advertido que la Generalitat sólo aprobará esta medida cuando sea "impecable" y se eliminen las "debilidades jurídicas".

Calvet, que ha pedido una reunión con la alcaldesa de Barcelona, Ada Colau, para abordar esta cuestión, ha dicho que la Subcomisión de Urbanismo de Barcelona sólo aprobará definitivamente la modificación del Plan General Metropolitano (PGM), tal y como pide el Ayuntamiento para poder llevar a cabo su propuesta, cuando el texto sea irreprochable "técnica y jurídicamente".

Calvet ha indicado que, tal y como está redactado actualmente, tiene "debilidades jurídicas" que hay que corregir para evitar entrar en "litigios costosos que acabarían pagando los ciudadanos y que también acabarían invalidando totalmente la medida".

En rueda de prensa y acompañado del secretario de Hábitat Urbano y Territorio, Agustí Serra, el conseller ha asegurado compartir con el Ayuntamiento de Barcelona el objetivo de aumentar el parque de pisos sociales, pero ha advertido de que cualquier medida que se apruebe en este sentido tiene que ser "impecable".

Ha comentado asimismo que desde que conoció la propuesta del consistorio barcelonés, la conselleria expresó las dudas jurídicas, técnicas y económicas que tenía: "El Ayuntamiento conocía nuestra postura y nos ha sorprendido que justo antes de que se tuviera que celebrar la subcomisión haya pedido suspenderla", ha apuntado.

El titular de Territorio ha recordado que las competencias de este órgano colegiado son las de aprobar cualquier expediente que eleven los ayuntamientos "y comprobar si se aviene a la legalidad".

"No es un mero trámite, no es poner un sello, sino que se debate y se aprueba tal y como marca la legalidad urbanística y como pasa con todos los expedientes urbanísticos que nos llegan de toda Cataluña", ha afirmado.

El conseller se ha mostrado esperanzado en llegar a un acuerdo con el Ayuntamiento de Barcelona en las próximas semanas para poder aprobar esta medida en la próxima Subcomisión.

"Damos las máximas facilidades, pero exigimos que sea impecable", ha remarcado Calvet, que ha avisado: "Somos un gobierno serio y gestionamos con responsabilidad, ni con rebajas ni con presiones".

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