Emalsa dice que el cambio societario es legal y no afecta a control municipal

La compañía mixta de abastecimiento de aguas de Las Palmas de Gran canaria, Emalsa, ha subrayado hoy que el cambio societario es legal y no afecta al control del Ayuntamiento capitalino ni al interés público.

Con anterioridad, el grupo Saur defendió la legalidad de la operación que le ha permitido elevar al 66 por ciento su participación en Emalsa al comprar el 33 por ciento que poseía Sacyr, frente al recurso anunciado por el Consistorio de la ciudad.

Hasta esa operación, la empresa municipal pertenecía en un 33 por ciento a Saur, en otro 33 a Sacyr-Vallehermoso y en un 34 por ciento al Ayuntamiento, que ha impugnado la concentración de todo el capital privado en manos de un único socio.

Durante el Consejo de Administración de Emalsa del pasado martes, y ante la judicialización de las modificaciones operadas en el accionariado, los consejeros privados aclararon que la actual composición del accionariado en absoluto afecta a la titularidad municipal del servicio ni al tan recurrente interés público, garantizado por la gestión de la operadora, afirma la compañía en un comunicado.

Afirma que el Ayuntamiento sigue siendo el titular de los servicios y su obligación es el control total sobre los mismos, su participación en Emalsa no ha sufrido modificación y tampoco han aumentado ni disminuido, con los cambios sufridos, ninguno de los derechos que ostenta como socio público.

Explica que la reestructuración del accionariado privado de Emalsa no se ha realizado a espaldas del Ayuntamiento, como se ha llegado a afirmar, sino que se ha obrado con "absoluta transparencia y sin ningún ánimo de fraude", cumpliendo de forma escrupulosa los plazos informativos estipulados en la legislación mercantil.

Agrega que la operación societaria se ha realizado con "todas las garantías jurídicas y dentro de la legalidad más absoluta", y que han contado con dictámenes previos de despachos de abogados que han avalado la operación, como lo ha hecho también la secretaria del Consejo.

En opinión de la compañía, el servicio municipal de aguas arroja un balance de actuaciones "inédito" y de casi "nula inversión pública" en unas infraestructuras que se encuentran "al borde de la obsolescencia", y que sus responsables políticos creen "más rentable electoralmente" hablar de remunicipalizar olvidando que Emalsa surgió porque esa empresa pública del agua era "inviable".

Emalsa se ha comprometido, por responsabilidad con el servicio, a preparar un nuevo Plan Estratégico para atender las necesidades actuales, ya que el planeamiento 2008-2020, aprobado en su día por el Pleno del Ayuntamiento, fue "archivado" por los sucesivos gobiernos municipales.

"Mientras las infraestructuras de los servicios del ciclo urbano del agua, en algunos casos han llegado a multiplicarse por tres, las tarifas del servicio sólo han sido revisadas en tres ocasiones durante los últimos 25 años, la más reciente hace ya 10", denuncia la compañía.

Añade asimismo que la "eficiencia de su gestión" ha permitido reducir un 30 por ciento los costes de explotación y que en saneamiento se han triplicado los volúmenes de agua depurada y de la reutilizada, y que los trabajos de saneamiento, auditados por un consultor externo, prueban que el coste de los medios empleados por Emalsa supera en 1,5 millones de euros lo facturado.

"El agua de la ciudad es uno de los servicios municipales mejor valorados por la ciudadanía y su calidad ha sido reconocida por organizaciones de consumidores entre las tres primeras del Estado", subraya la nota de Emalsa.

Respecto al supuesto saqueo de la empresa y la intolerable deuda municipal, los socios privados destacan que no han percibido dividendo alguno por la inversión de capital ni recibido remuneración alguna por su inversión tras transcurridos 25 años.

Aseguran que los socios privados de Emalsa, "los anteriores y los actuales", soportan una instrucción judicial bajo la acusación de un delito societario inexistente.

"A instancias del exalcalde Juan José Cardona, en 2013 la fiscal de delitos económicos presentó una denuncia por delito societario contra quince ejecutivos de la compañía y su instrucción aún se mantiene activa, y en este periodo Emalsa ha sido auditada por Auren, KPMG, Análisis Ingenieros, BDO y Godoy, y no se ha encontrado quebranto económico alguno para la compañía, por lo que confiamos que tanta evidencia concluya con el archivo del procedimiento", subraya el comunicado.

En su opinión, mientras tanto el Ayuntamiento sigue incrementando la deuda con la compañía hasta más de 38 millones de euros, lo que sitúa a la empresa en pérdidas, y los intereses por la demora en el pago superan los 8 millones de euros, algo que sí afecta al interés público.

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