Competencia ve muy negativo el decreto del Gobierno para frenar las VTC

La Autoridad Catalana de la Competencia (ACCO) cree que el decreto aprobado por el Gobierno que permitirá a las comunidades y a los ayuntamientos a poner fin a las licencias de VTC en el transporte urbano tendrá efectos "muy negativos" para los usuarios en términos de competencia.

Este ente se ha pronunciado hoy sobre este decreto que el Gobierno aprobó el pasado 28 de septiembre y ha asegurado incluso que el texto legal "presenta serias dudas de compatibilidad con el ordenamiento jurídico constitucional", por el uso de un decreto ley para este caso y por la "presunta vulneración del sistema de reparto competencial en materia de transporte previsto en la Constitución".

Pese a permitir que comunidades autónomas y ayuntamientos pongan fin a las licencias de VTC en el transporte urbano, el decreto da un período de gracia de cuatro años en el que podrán seguir operando, aunque con restricciones.

A juicio de este organismo, esta nueva regulación supone una "expulsión injustificada del mercado de los operadores de VTC autorizados", y opina que excluir los servicios urbanos de su ámbito de actuación "puede comportar que estos operadores tengan graves problemas económicos para seguir prestando sus servicios y, en consecuencia, se vean obligados a salir del mercado".

En esta línea, la ACCO concluye que ello implicará "graves perjuicios para los consumidores y usuarios, que se verán privados de los beneficios derivados de la competencia, ya sea en términos de precios o en calidad e innovación".

Competencia de la Generalitat concluye por tanto que el sector del taxi se verá beneficiado "por un aumento del precio de las licencias de taxi".

Asimismo, la ACCO argumenta que "pretender solucionar los supuestos problemas de movilidad, congestión del tráfico y medioambientales eliminando los operadores VTC para el ámbito urbano, además de ser una medida discriminatoria (...) es una medida no idónea", puesto que estos actúan bajo reserva previa.

"La expulsión de operadores del marcado tendría que ser una medida muy excepcional y, en todo caso, justificada en términos de no discriminación, necesidad, proporcionalidad y mínima distorsión", concluye este ente.

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