El Síndic investiga fraudes en el realquiler y venta de pisos protegidos

El Síndic de Greuges ha abierto una actuación de oficio para determinar si las administraciones competentes en materia de vivienda ejercen un control suficiente con relación al uso, la cesión y la venta de pisos con protección oficial.

El Síndic, Rafael Ribó, ha decidido investigar esta situación a raíz de la publicación en medios de comunicación de casos de fraude y abusos en viviendas sociales.

Para llevar a cabo la investigación, el Síndic se pondrá en contacto con la Agencia de Vivienda de Cataluña (AHC), organismo que gestiona parte del parque público de viviendas de la comunidad y que, además, tiene capacidad sancionadora en caso de que se detecten situaciones de fraude o de mal uso.

También pedirá información a otras administraciones que disponen de viviendas de titularidad pública, según ha informado la institución en un comunicado.

El Síndic ya presentó un informe en noviembre de 2015 en el Parlament en el que advertía sobre las prácticas indebidas en el sector y sobre la necesidad de aumentar el control público.

En este informe, el defensor del pueblo ya apuntaba a la necesidad de que las administraciones públicas llevaran a cabo inspecciones periódicas para detectar posibles situaciones de desocupación o cesiones y alquileres no autorizados.

El Síndic recuerda que, de acuerdo con la normativa vigente, las viviendas con protección oficial se tienen que destinar a la residencia habitual de los propietarios y ocupantes y que se prohíbe la especulación con estos pisos, que han recibido subvenciones públicas.

Las viviendas protegidas, además, no se pueden alquilar parcial o totalmente ni tampoco ser destinadas a segunda residencia.

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