Sindicatos de inquilinos ven insuficiente las medidas de los Presupuestos

Los Sindicatos de Inquilinas e Inquilinos ven insuficientes las medidas incluidas en materia de vivienda en el Acuerdo Presupuestario para 2019 alcanzado hoy por el Gobierno y el Grupo Parlamentario Confederal UP-ECP-EnMarea.

Desde los sindicatos valoran positivamente que el acuerdo plantee la cuestión de la regulación del mercado de alquiler y dé centralidad a las políticas de vivienda, pero afirman que no acaba con el problema de la presente crisis de la vivienda.

En un comunicado, los sindicatos han destacado que la inclusión de los acuerdos concretos en materia de vivienda es producto de la lucha en los últimos años de movimientos como la Plataforma de Afectados por la Hipoteca (PAH) y de los propios Sindicatos de Inquilinas e Inquilinos.

Sin embargo, como han explicado en el comunicado, el Acuerdo "no modifica sustancialmente los privilegios de la parte más fuerte en la relación de arrendamiento, ni erradica la posibilidad de seguir haciendo de la vivienda un objeto de especulación".

Algo que, según han afirmado, sí se conseguiría con la aprobación de la Ley de Vivienda presentada en el Congreso por la PAH y con la aplicación de las demandas que han reclamado desde los Sindicatos de Inquilinas e Inquilinos.

"La propuesta hoy presentada puede tener el efecto perverso de cerrar en falso el problema del alquiler y el conflicto generado sin emprender una transformación profunda del modelo inmobiliario", han señalado.

En relación con la duración de los contratos, los sindicatos ven un retorno a la situación de inestabilidad que los inquilinos tenían con la LAU 1994 y han propuesto como solución "definir unas condiciones de renovación garantistas con la parte arrendataria".

"Consideramos que, a menos que el propietario necesite la vivienda para uso personal o familiar, y mientras se cumplan las obligaciones contractuales, no hay ninguna razón para expulsar al inquilino, excepto motivos especulativos", han detallado.

Otro aspecto del acuerdo que han destacado en su comunicado es el referido al "control de precios", que por primera vez se contempla en nuestro país y permitirá a los ayuntamientos y CCAA regular y limitar las subidas abusivas del precio del alquiler en determinadas zonas.

Sin embargo, el control planteado en el acuerdo resulta insuficiente para "elaborar una política de vivienda que regule los precios para vincularlos a la realidad económica de las familias y del país" y su aplicación incierta, porque depende de la decisión de varias administraciones.

En el comunicado, los sindicatos también han señalado que echan en falta tres medidas en el acuerdo: la eliminación de la figura de las SOCIMIs (que consideran "vehículos de especulación inmobiliaria en el mercado del alquiler"), la movilización de las viviendas vacías para que cumplan una función social y la paralización de los desahucios.

"Con una cifra diaria de 115 lanzamientos de inmuebles de alquiler, constituyen una vulneración de derechos flagrante, sobre la que España está desoyendo los mandatos repetidos de la ONU y de diversos tribunales internacionales", han denunciado.

Por último, los sindicatos han remarcado que "el aumento del presupuesto para vivienda (alcanzar entre el 1 y el 1,5 % del PIB en 10 años) es excesivamente paulatino además de insuficiente" y que "mientras no se aprueben medidas realmente efectivas, seguirán luchando".

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